Los sindicatos españoles atraviesan una crisis de confianza entre los trabajadores nacionales y han encontrado en la inmigración una nueva vía de captación. Aunque el número de afiliados extranjeros sigue siendo reducido, su ritmo de crecimiento supera ampliamente al de los españoles, en un contexto marcado por el aumento de la población foránea, el proceso de regularización impulsado por el Gobierno y la pérdida de peso del sindicalismo tradicional, según informa Vozpópuli.
Según los últimos datos disponibles de la declaración de la renta de 2024, correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, 40.566 extranjeros declararon estar afiliados a una organización sindical y pagar cuotas con derecho a deducción en la base imponible. La cifra supone un crecimiento del 11% en un año, frente al 4% registrado entre los afiliados nacionales.
Pese a ese avance, el peso real de los inmigrantes dentro del sindicalismo español continúa siendo muy bajo. Los extranjeros representan apenas el 1,8% del total de afiliados declarados, frente a los 2.186.610 españoles que comunicaron su pertenencia a una organización sindical. En conjunto, Hacienda registra 2.227.176 afiliados, muy lejos de los 3,5 millones que suelen reivindicar las propias centrales sindicales.
La distancia entre ambas cifras revela una de las grandes opacidades del sistema sindical español. Las organizaciones alegan que parte de sus afiliados no aparece en la declaración de la renta por tener ingresos muy bajos o no estar obligados a declarar, aunque resulta difícil sostener que quienes carecen de ingresos suficientes mantengan de forma generalizada el pago de cuotas.
Los datos muestran que sólo aparece sindicado el 9% de la población activa. Entre los españoles, la tasa ronda el 13%, mientras que entre los extranjeros cae al 1,1%. Si se toma como referencia únicamente a los ocupados, consta como afiliado el 13% del total de trabajadores, con una clara diferencia entre nacionales —14,6%— y extranjeros —2,2%—.
El dato confirma que el sindicalismo de clase conserva una presencia limitada incluso en el mercado laboral español y que su relación con los inmigrantes sigue siendo incipiente. Sin embargo, la evolución de la última década explica el nuevo interés de las centrales por este colectivo. La afiliación declarada de extranjeros ha aumentado un 87% en diez años, al pasar de 21.660 a 40.566 personas. En el mismo periodo, la de los nacionales sólo ha crecido un 18%.
El contraste es especialmente significativo porque los sindicatos han perdido capacidad de atracción entre las nuevas generaciones de trabajadores españoles, mientras buena parte de sus bases tradicionales envejecen o salen del mercado laboral. A ello se suma la reducción del peso de las grandes plantillas industriales, donde el sindicalismo tenía históricamente mayor implantación.
Fuentes sindicales reconocen que los inmigrantes procedentes de Iberoamérica y del norte de África son los más proclives a afiliarse, especialmente por el uso de servicios jurídicos, asesoría laboral y orientación sobre derechos, ayudas y trámites. El desconocimiento del mercado laboral español y la mayor exposición a situaciones de precariedad convierten a estos colectivos en un terreno fértil para la captación sindical.
Entre las nacionalidades con mayor presencia destacan marroquíes, colombianos y venezolanos, tres de las comunidades extranjeras más numerosas en España. La afiliación se concentra principalmente en sectores como la restauración, el comercio, la construcción y la industria agroalimentaria, ámbitos donde abundan los salarios bajos, la temporalidad y los conflictos laborales.
En cambio, otras comunidades como la china, más vinculada al autoempleo, o ciertos colectivos asiáticos y africanos, apenas figuran en las estadísticas de afiliación sindical. Buena parte de estos trabajadores se mueve en circuitos laborales menos conectados con las grandes centrales y, en algunos casos, dentro de espacios de economía informal.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, España cuenta con alrededor de 2,3 millones más de residentes extranjeros oficiales, 1,3 millones más de activos y algo más de 1,2 millones de ocupados foráneos. Ese crecimiento demográfico y laboral ha abierto un nuevo espacio de actuación para los sindicatos, que ahora intentan compensar su pérdida de influencia entre los españoles mediante campañas dirigidas a inmigrantes.
La regularización impulsada por el Gobierno ha acelerado esa estrategia. Las centrales han comenzado a ofrecer servicios gratuitos de asesoramiento para acompañar a los trabajadores extranjeros en el proceso, una fórmula que les permite presentarse como mediadores ante la Administración y, al mismo tiempo, ampliar su base potencial de afiliados.
El problema de fondo es que la afiliación sindical en España avanza muy por debajo del crecimiento del empleo y de la población. En la última década, pese al fuerte aumento de trabajadores, la afiliación total sólo ha crecido un 20%, unas 379.000 personas, de las cuales cerca de 20.000 proceden del exterior.
El perfil de los afiliados también cuestiona el relato clásico de los sindicatos como representantes prioritarios de los trabajadores con menos ingresos. Un 41% de los afiliados declara rentas de entre 30.000 y 60.000 euros, y el porcentaje alcanza el 50% si se suma a quienes superan los 60.000 euros. Además, otro 24% declara ingresos de entre 21.000 y 30.000 euros. Es decir, sólo uno de cada cuatro afiliados afirma ganar menos de 21.000 euros.
