La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a que se investiguen los posibles vínculos de los etarras refugiados en Venezuela con el denominado «aparato de huidos» de ETA, según ha adelantado La Razón. El Ministerio Público rechaza así la petición formulada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que reclama esclarecer si más de una decena de terroristas amparados durante años por el régimen chavista mantuvieron relación con la estructura encargada de proteger y coordinar a los miembros fugados de la banda criminal.
La decisión de la Fiscalía no resulta vinculante para el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que ahora deberá resolver si acepta las diligencias solicitadas por DyJ en el marco de la causa abierta por pertenencia a organización terrorista contra siete presuntos integrantes de ese «aparato de huidos«.
La asociación presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000, dio el paso tras los cambios políticos registrados en Venezuela después de la caída de Nicolás Maduro. DyJ considera que la llegada de Delcy Rodríguez al poder podría facilitar una mayor colaboración de Caracas con la Justicia española y abrir la puerta a reactivar las reclamaciones sobre los etarras protegidos históricamente por el chavismo.
La acusación popular solicita que la Audiencia Nacional libre una comisión rogatoria a Venezuela para obtener información sobre la «vinculación o pertenencia» de esos terroristas al colectivo de refugiados de ETA. El objetivo pasa por esclarecer las funciones que desempeñaron, sus posibles labores de enlace con otros miembros de la organización y el grado de responsabilidad que mantuvieron dentro de esa estructura.
DyJ también considera clave acceder a la documentación en manos de Estados Unidos relacionada con el procedimiento por narcotráfico contra Hugo Armando Carvajal, conocido como «el Pollo» Carvajal, exjefe de la Inteligencia militar venezolana. La asociación cree que esos documentos podrían aportar nuevas pruebas sobre la protección dispensada por el régimen bolivariano a miembros de ETA huidos de la Justicia española.
Entre los nombres incluidos en la petición figura José Ignacio de Juana Chaos, condenado a más de 3.000 años de prisión por 25 asesinatos y que cumplió 21 años de cárcel. También aparece Arturo Cubillas, antiguo alto cargo del Ministerio de Agricultura chavista y uno de los etarras cuya extradición reclamó sin éxito la Audiencia Nacional por sus presuntos vínculos con las FARC.
La lista incorpora además a históricos miembros de ETA como José Luis Eciolaza, alias «Dienteputo», exdirigente de la banda y antiguo integrante del «comando Goierri», así como Asunción Arana, viuda del terrorista José Miguel Beñarán, «Argala». Junto a ellos aparecen Eugenio Barrutiabengoa, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Uritz Zabaleta, Javier Arruti, Juan José Aristizábal, María Ángeles Artola, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.
Según la información publicada, el movimiento de Dignidad y Justicia provocó además que algunos de esos etarras consultasen en la Audiencia Nacional, a través de abogados vinculados al entorno de presos de ETA, si mantienen causas pendientes en España ante el temor de que la investigación derive en futuras peticiones de entrega.
