El juez que instruye la investigación en Tarragona sobre la trama liderada presuntamente por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha destapado el mecanismo por el que varias empresas lograron reformas legales a medida tras contratar a Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el propio Montoro. Según los correos intervenidos, esa era «la vía directa, como siempre, para pagar menos impuestos».

Uno de los mensajes incautados, enviado por una empresa gasista que buscaba beneficiarse de una rebaja fiscal, lo resume de forma explícita: “La vía directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”. Así lo recoge el auto judicial que ya ha notificado su condición de investigado al exministro, junto a otras 27 personas, por delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias o corrupción en los negocios.

Reformas legislativas a golpe de factura

El sumario refleja que la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) cambió de estrategia después de varios intentos fallidos para conseguir una bonificación en el Impuesto Especial sobre la Electricidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La solución fue contratar a EE, “a sabiendas de que se trata de un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda”, según otro de los correos.

A partir de ese momento, los cambios legales llegaron en cuestión de semanas. En el auto, el juez señala que EE cobró casi un millón de euros de las empresas gasísticas para interceder en Hacienda, hasta el punto de que los textos legislativos se aprobaron redactados directamente por las propias empresas, usurpando la función normativa de la Administración. La reforma del reglamento del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en 2018 siguió el mismo patrón: contratación de EE, pagos pactados y modificaciones ‘ad hoc’ que beneficiaban solo a las gasísticas.

El despacho fundado por Montoro fue clave para conseguir que el Ministerio aprobara una legislación diseñada a medida de las empresas pagadoras, dejando fuera a otros sectores con idénticos costes energéticos. El juez tilda de “llamativo” el cambio de criterio de Hacienda en tan breve plazo, cuando no existió ninguna variación sustancial en el marco presupuestario.

El papel de los altos cargos y las puertas giratorias

La instrucción también señala la implicación directa de los altos cargos del Ministerio. El entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, modificó su criterio inicial tras la entrada en escena de EE, según prueban sus propios correos. Diego Martín-Abril, director general de Tributos, mantuvo reuniones para rebajar los controles sobre las gasísticas. El director general de Tributos en 2016-2018, José Alberto García, acabó recalando en EY, la consultora que facturó informes a las gasísticas por una décima parte del precio de EE. Incluso el asesor del gabinete del ministro, Rogelio Menéndez, participó en una reunión con la AFGIM y Montoro en marzo de 2014, dejando rastro documental.

El magistrado aprecia que esta dinámica constituye un abuso grave de la función pública, una sustitución indebida del trabajo normativo por intereses privados y un claro caso de corrupción institucionalizada.

Bajo sospecha por una larga lista de delitos

Además de Montoro, el juez considera que sus colaboradores más cercanos, los responsables de EE y los directivos de las gasísticas pudieron incurrir en cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y falsedad documental. El caso también evidencia las ya conocidas “puertas giratorias” en el Ministerio, con varios altos funcionarios que saltaron después al sector privado vinculado a las mismas tramas que gestionaban desde el poder.