La compañía que aterrizó en la Campiña Norte de Jaén con el objetivo de levantar nueve proyectos fotovoltaicos sobre terrenos de olivar ha abierto un nuevo frente judicial tras enviar un burofax a Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, en el que le exige que cese sus manifestaciones públicas contra la instalación de las plantas solares. La empresa energética advierte de posibles acciones legales si continúan las críticas que, a su juicio, dañan su reputación.

Según el documento remitido por Greenalia S.A., cualquier nueva declaración que atribuya irregularidades a sus proyectos podría derivar en reclamaciones civiles por daños económicos y reputacionales, además de acciones penales dirigidas tanto contra la portavoz como contra la asociación que representa. La comunicación, firmada por el consejero delegado de la firma, se centra en las iniciativas previstas en los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo.

Desde SOS Rural interpretan el escrito como una presión destinada a frenar la movilización social contra los parques fotovoltaicos proyectados en suelo agrícola productivo. Junto a la Asociación Ecología y Libertad y la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas, la organización mantiene un proceso judicial contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lopera por las autorizaciones concedidas a instalaciones que, según denuncian, se habrían fragmentado para quedar por debajo de los 50 megavatios y evitar la supervisión estatal.

Corbalán respondió con otro burofax en el que rechaza las acusaciones y sostiene que el requerimiento carece de fundamento jurídico. En su réplica, defiende que sus intervenciones públicas se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y en la participación ciudadana en asuntos de interés general, y solicita a la empresa que cualquier comunicación futura respete esos principios sin recurrir a advertencias judiciales que considera infundadas.

La energética, por su parte, sostiene que determinadas declaraciones públicas constituyen una intromisión grave en el derecho al honor empresarial y recuerda que la condición asociativa no exime de responsabilidades individuales. Además, insta a la portavoz a evitar términos como «ilegal» o «fraude» al referirse a proyectos que cuentan con autorizaciones administrativas vigentes y que no han sido anulados mediante resolución firme.

El conflicto se produce en un contexto de creciente oposición vecinal y agrícola a la implantación de grandes instalaciones solares en la zona. Los defensores del olivar recuerdan resoluciones judiciales previas, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del pasado verano que anuló proyectos fotovoltaicos en municipios cercanos por vulnerar la normativa ambiental.

Para SOS Rural, el envío del burofax podría interpretarse como un intento de silenciar el debate público sobre el impacto de estas infraestructuras en el territorio. La organización subraya que ninguna de sus declaraciones ha atribuido delitos concretos, sino que se han limitado —según su versión— a críticas políticas y sociales basadas en información contrastada sobre proyectos con fuerte repercusión en el medio rural.