El pasado octubre, todos aplaudieron la aprobación de una ley que ofrecía garantías a los enfermos de ELA y prometía mejorar su situación. Sin embargo, cuatro meses después, aún no se ha realizado la asignación económica, al igual que otras leyes clave siguen estancadas a pesar del respaldo parlamentario, lo que ha generado «descontento y frustración» entre los enfermos y sus familias.
La vicepresidenta de adEla, Pilar Fernández Aponte, ha señalado que «la ley tiene aspectos positivos, pero es necesario ponerlos en marcha». Añadió que «la atención integral de los enfermos requiere un esfuerzo económico, y esos fondos deben provenir a nivel estatal para garantizar la equidad entre todos los pacientes, sin importar dónde residan».
Además de la falta de presupuesto, casi ninguno de los puntos de la Ley se ha implementado. A pesar de que algunas competencias han sido delegadas a las Comunidades Autónomas, como el reconocimiento de la dependencia o la discapacidad, apenas se ha avanzado en el desarrollo de las acciones previstas en el texto impulsado por el PP, PSOE, Sumar y Junts.
En este sentido, la vicepresidenta de adEla explicó a Vozpópuli que, «como nuestra sede está en Madrid, nos hemos dirigido a la Comunidad para ver cómo podemos agilizar e implementar las previsiones de la Ley y si se está trabajando en la reducción de los plazos para la valoración de la dependencia y la discapacidad». En esta línea, Fernández Aponte comentó que han compartido con otras asociaciones de diversas CCAA con las que tienen convenio cómo han llevado a cabo este procedimiento para que también pueda aplicarse en sus regiones.
