Los diplomáticos españoles prevén que las regularizaciones de inmigrantes ilegales que pretende ejecutar el Gobierno de Pedro Sánchez puedan multiplicarse hasta alcanzar los dos millones de personas si se tiene en cuenta el efecto posterior de la reagrupación familiar.

Aunque el Ejecutivo sitúa el impacto inicial de este proceso extraordinario entre 500.000 y 800.000 beneficiarios, desde el ámbito diplomático se advierte de que esa cifra podría quedarse muy corta, según adelanta OkDiario. El motivo es que, una vez obtenida la residencia legal, muchos de los regularizados iniciarían los trámites para traer a España a sus cónyuges e hijos desde sus países de origen.

Así lo explica el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, quien considera previsible que «una gran parte» de estas personas recurra a este mecanismo, lo que dispararía el número total de beneficiarios reales del proceso.

Este escenario tendría además un impacto directo en la red consular española. Según Virella, la gestión de los visados por reagrupación familiar recae principalmente en consulados y oficinas exteriores, lo que generaría un incremento notable de la carga de trabajo para funcionarios, personal diplomático y empleados locales.

El problema, subraya, es que los recursos humanos en estas sedes llevan años sin ampliarse, mientras que las demandas no han dejado de crecer. A su juicio, existe un desfase entre las nuevas obligaciones asumidas por la Administración y los medios disponibles para atenderlas, lo que ya está provocando retrasos y malestar entre los usuarios.

En este contexto, los diplomáticos alertan de que el aumento de solicitudes podría agravar aún más los tiempos de espera, especialmente en consulados con gran volumen de expedientes, donde algunos trámites ya se prolongan durante años.

La previsión del Gobierno es aprobar el decreto que regule estas regularizaciones en las próximas semanas, tras lo cual entraría en vigor con su publicación en el BOE, según anunció recientemente la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

A este proceso se suma otro frente que también presiona a la red consular: la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Esta normativa ha generado alrededor de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por parte de descendientes de españoles, de las cuales ya se han concedido aproximadamente medio millón.

Sin embargo, desde la ADE se advierte de que el impacto de esta medida no termina ahí. Una vez obtenida la nacionalidad, los nuevos ciudadanos pueden solicitarla para sus hijos menores, lo que previsiblemente generará una segunda oleada de expedientes en los próximos años.

Todo ello dibuja un escenario de fuerte presión sobre la estructura consular española, que deberá hacer frente a un volumen creciente de solicitudes sin que, por el momento, se haya planteado un refuerzo proporcional de medios y personal.