Nuevo despilfarro del Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión, el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas deja rastro de varias partidas millonarias destinadas al extranjero que, sumadas en apenas dos días de noviembre de 2024, rozan los 13 millones de euros con destino a Guatemala.
Los registros oficiales avanzados por Pablo Cambronero reflejan tres concesiones directas de ayudas públicas, todas ellas sin contraprestación, es decir, entregas dinerarias a fondo perdido. La primera, fechada el 4 de noviembre, asciende a más de 2,4 millones de euros. Apenas una semana después, el 11 de noviembre, se aprueban otras dos partidas que superan los 8,7 millones y 1,5 millones de euros respectivamente.
El destino de estos fondos es la región del lago Petén Itzá, en Guatemala, donde, según la documentación oficial, se pretende impulsar proyectos vinculados al acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y gestión de residuos, así como iniciativas de desarrollo sostenible y crecimiento económico inclusivo en la zona.
Las ayudas se conceden bajo la fórmula de «concesión directa instrumental», lo que implica que no existe un proceso competitivo abierto, sino que los fondos se asignan de manera directa a entidades concretas. Además, se trata de subvenciones sin contraprestación, es decir, dinero público entregado sin obligación de retorno económico.
El volumen total de las tres partidas —más de 12,7 millones de euros— ha generado críticas al conocerse que se aprobaron en un margen de tiempo muy reducido. A ello se suma la controversia sobre el destino de los fondos, ya que el área del Petén es conocida por la presencia de redes vinculadas al narcotráfico, lo que ha despertado dudas sobre el control y seguimiento efectivo del dinero enviado.
Desde el Ejecutivo se enmarca este tipo de inversiones dentro de las políticas de cooperación internacional y desarrollo, orientadas a mejorar las condiciones de vida en países en vías de desarrollo. Sin embargo, las cifras y la rapidez en la aprobación de las ayudas han reavivado el debate sobre la gestión de los recursos públicos y la prioridad de este tipo de gastos frente a necesidades internas.
Por el momento, no se han detallado públicamente mecanismos concretos de fiscalización sobre el terreno ni resultados medibles de estas inversiones, lo que ha alimentado las críticas sobre la falta de transparencia y control en el uso de estos fondos.
