La letra pequeña del texto aprobado por el Gobierno para regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales introduce cambios de calado en el régimen de residencia, trabajo y protección administrativa, sin que la norma vaya a ser debatida ni votada en el Congreso de los Diputados. El decreto, confirmado ayer en el Consejo de Ministros, pactado previamente con Podemos y adelantado por El Debate, modifica una regulación aprobada en 2024 y amplía de forma notable los supuestos de acceso a la residencia legal.

Uno de los aspectos más relevantes es la creación de nuevas autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Por un lado, se incorpora el llamado arraigo para personas extranjeras que hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025. Por otro, se habilita una autorización «única» dirigida a quienes se encontraran en España antes de esa misma fecha y acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud.

El decreto también introduce una vía para que personas con antecedentes penales puedan acceder a la residencia. Aunque el texto establece como requisito general carecer de antecedentes en España y en los países donde se haya residido durante los cinco años previos a la entrada en territorio español, se abre la puerta a su cancelación dentro del propio procedimiento administrativo. En los casos en que los antecedentes sean legalmente cancelables, la Administración informará al Ministerio de la Presidencia y permitirá su eliminación antes de dictar resolución. Incluso será el propio solicitante quien pueda ser requerido para cancelar esos antecedentes como paso previo a la concesión de la residencia.

Otro de los cambios sustanciales afecta al acceso al empleo. A diferencia del marco anterior, el nuevo decreto permite trabajar y cotizar a la Seguridad Social desde el momento en que la solicitud de residencia es admitida a trámite. De este modo, los solicitantes podrán ejercer una actividad laboral, por cuenta propia o ajena, en cualquier sector y en todo el territorio nacional mientras se resuelve su expediente.

La norma amplía además el alcance de la regularización al entorno familiar del solicitante. Se contempla la concesión simultánea de la residencia a hijos menores de edad y a hijos mayores con discapacidad que no puedan valerse por sí mismos, siempre que dependan del progenitor solicitante. Todas estas solicitudes deberán resolverse de manera conjunta.

En paralelo, el decreto establece que la mera presentación de una solicitud de residencia suspende automáticamente cualquier procedimiento de retorno o expulsión en curso. Esta paralización se aplicará a personas que se encuentren en situación irregular, ya sea por carecer de autorización de residencia, por tenerla caducada desde hace más de tres meses o por no haber solicitado su renovación en plazo.