La reciente irrupción por sorpresa de la UCO en la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid para registrar la oficina de Álvaro García Ortiz ha intensificado el descontento entre los fiscales, que llevan meses exigiendo su dimisión.

Según ha adelantado El Confidencial, consideran «una vergüenza» los motivos que llevaron al Supremo a investigar al fiscal general. La sospecha principal recae en la filtración de correos electrónicos privados, ocurrida el 13 de marzo, que implicarían negociaciones reservadas que afectan al abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes cercanas, el fiscal a cargo del caso recibió ese mismo día una llamada de Pilar Rodríguez Fernández, fiscal provincial y también investigada, quien le exigió el envío urgente de las comunicaciones al fiscal general. Poco después, la información fue publicada en varios medios de comunicación.

El Tribunal Supremo busca aclarar si fue García Ortiz quien facilitó esos correos y evitar que se elimine el rastro de este intercambio. La orden fue ejecutada en secreto para impedir la destrucción de datos, y los agentes pasaron horas inspeccionando la sede, incluso clonando dispositivos para asegurarse de preservar cualquier evidencia. La imagen de las fuerzas de seguridad registrando las oficinas de la Fiscalía se trata de un hecho inédito que dificulta aún más la permanencia de García Ortiz.

Para quienes ya pedían su dimisión, este hecho resulta irreparable y daña directamente a Fiscalía, que desde hace tiempo arrastra la percepción de estar influenciada políticamente. Una fuente interna asegura que «este golpe será definitivo» para una institución que tardará años en superar esta crisis. Los analistas, además, han resaltado que los correos filtrados abordaban gestiones para evitar la prisión del empresario, en un episodio que muchos consideran un «intento de controlar el relato«.

En días recientes, tanto desde el Ejecutivo como desde la Fiscalía han intentado justificar la filtración para contrarrestar «bulos» que circulaban desde la Comunidad de Madrid. No obstante, el registro ha desatado un fuerte impacto en el organismo, y una fuente cercana apunta: «Será muy difícil recomponer los pedazos de esta crisis«.