El magistrado Ángel Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, ha ordenado un registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de una investigación sobre presunta revelación de secretos. Según fuentes cercanas al caso consultadas por el diario El Mundo, la Unidad de la Guardia Civil se presentó este miércoles en la sede de la Fiscalía General del Estado para realizar la inspección.
Los agentes, siguiendo las indicaciones del Tribunal, procedieron a incautar dispositivos electrónicos pertenecientes a García Ortiz, como parte de la investigación en curso. Además, el Alto Tribunal ha decidido que las actuaciones se mantendrán bajo secreto, lo que limita el acceso a detalles específicos del proceso en desarrollo.
Mientras tanto, cabe destacar que el juez ha requerido al fiscal general del Estado que designe un abogado «en el plazo de cinco días» para evitar su «indefensión» ante la investigación que dirige contra él. El Tribunal Supremo, que ha iniciado una investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estudia las medidas cautelares solicitadas por el sindicato Manos Limpias, el cual ha pedido su suspensión del cargo. El magistrado encargado del caso, Ángel Hurtado, señaló que decidirá sobre estas medidas en una «resolución aparte», según consta en el auto de incoación de diligencias.
García Ortiz se convierte en el primer fiscal general aforado en ser investigado por el Supremo, que ha admitido a trámite varias querellas interpuestas tanto por Manos Limpias como por la Fundación Foro Libertad y Alternativa. Además, el Alto Tribunal recibió una exposición motivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que llevó a que el instructor Francisco José Goyena, juez de dicho tribunal, abriera diligencias meses atrás.
La investigación tiene como punto de partida una denuncia interpuesta por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien había sido investigada previamente por posibles delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En este contexto, Goyena indaga en un posible delito de revelación de secretos en el que se habría implicado a García Ortiz.
