Fiscales críticos con Álvaro García Ortiz han alzado la voz al afirmar que la investigación contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos «parte de una situación comprometida». El Tribunal Supremo ha decidido abrir el caso y ha designado a la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, para representar al Ministerio Público, lo cual ha generado una fuerte controversia, tal y como ha adelantado The Objective. La teniente fiscal tiene un «interés directo en el caso» y es probable que actúe en beneficio de García Ortiz, quien sigue siendo su superior. En vista de esta situación, estos críticos sugieren que la responsabilidad debería recaer en el fiscal más experimentado o seleccionarse de forma aleatoria.
La tensión en torno a esta situación también ha llevado a dos de las tres principales asociaciones profesionales de fiscales a pedir la dimisión de García Ortiz, aunque él ha decidido permanecer en el cargo. En una declaración pública, señaló que su continuidad era «la opción más prudente» para preservar la estabilidad de la institución en el futuro, argumentando que reforzaría su independencia. Tras comunicar su decisión tanto a la Junta de Fiscales de Sala como al Consejo Fiscal —el cual también había solicitado su renuncia—, recibió el respaldo del Gobierno, que confía en que la investigación sea archivada en breve.
Un obstáculo significativo en el caso es que el fiscal designado para intervenir será nombrado por el propio García Ortiz, lo que muchos consideran un conflicto de intereses. «Cualquiera que no defienda la posición de su jefe puede enfrentarse a represalias o degradación», señalaron varias fuentes dentro del Ministerio Público, apuntando además que, debido a la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal, todos los fiscales se encuentran bajo las órdenes de García Ortiz. Aunque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no establece obligatoriedad para la abstención, el artículo 27 permite a cualquier fiscal rechazar una orden que considere ilegal o inapropiada y plantear el conflicto a instancias superiores.
En una situación inusual en la carrera fiscal, el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) obliga a los fiscales a abstenerse de intervenir en caso de que se den relaciones directas o indirectas de amistad, enemistad manifiesta, subordinación o interés en el proceso. Un fiscal con amplia trayectoria comentó que la situación sería insostenible si Sánchez Conde sigue a cargo, y propone que se recurra a alguien neutral, como el fiscal más antiguo, Javier Zaragoza, o que se recurra a un sorteo para garantizar la imparcialidad. En sus palabras, las únicas garantías de independencia en el caso son las acusaciones particulares y populares, así como el propio tribunal.
Sánchez Conde, en particular, es objeto de controversia debido a que previamente dio instrucciones para solicitar el archivo de la denuncia interpuesta por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mucho antes de que el caso llegara al Supremo, el cual el pasado 16 de octubre decidió abrir la investigación contra García Ortiz. La Sala de lo Penal del alto tribunal también se ha hecho cargo de investigar a la fiscal provincial que habría suministrado información confidencial para la redacción de un comunicado oficial en relación al caso.
