Los incendios forestales han arrasado 299.000 hectáreas en España hasta el final de septiembre, lo que representa el 44% de toda la superficie calcinada en la Unión Europea (UE), según un informe de Zero Carbon Analytics elaborado a partir de los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). El balance sitúa a España a gran distancia del resto de socios comunitarios y convierte 2026 en el tercer peor año de la serie histórica, únicamente por detrás de 2022 y 2025.
La dimensión del problema se aprecia al comparar los datos nacionales con los del resto del continente. Italia concentra el 17% de la superficie quemada en la UE, mientras que Francia representa el 14%. En conjunto, los países mediterráneos acumulan el 94% de las hectáreas afectadas por los incendios. La superficie calcinada en territorio comunitario alcanza las 680.000 hectáreas, prácticamente el doble de la media registrada entre 2006 y 2025 para estas fechas.
Ese mes, España superó en un 21% su anterior récord de superficie quemada en julio, establecido en 2022. La Unión Europea también registró su máximo histórico para ese mes, con 353.000 hectáreas afectadas.
Las consecuencias no se limitaron a la pérdida de vegetación. El humo de los incendios provocó un deterioro de la calidad del aire, especialmente en las zonas próximas a Madrid, donde las concentraciones medias diarias de partículas finas PM2,5 alcanzaron los 96 microgramos por metro cúbico, más de seis veces el valor guía recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
El estudio advierte además del impacto económico de estos fenómenos. El 75% de las pérdidas ocasionadas por catástrofes climáticas en la UE entre 1980 y 2024 no estaba cubierto por seguros, por lo que buena parte de los costes recae sobre propietarios y administraciones públicas.
Los autores señalan que, además de los medios de extinción, resulta fundamental mejorar la gestión forestal, retirar combustible vegetal y reforzar la protección de las zonas habitadas próximas a los montes. Estas medidas, sostienen, deben acompañarse de una reducción de las emisiones para limitar el riesgo de futuros episodios extremos.
