Los inmigrantes ilegales que se beneficien de la «regularización» extraordinaria anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) pasado el primer año de residencia en España.

Una vez obtenida dicha «regularización», para percibir esta prestación «se exigirá una residencia legal y continuada de un año en el país».

Los inmigrantes solicitantes deberán cumplir el resto de los requisitos que acreditan la «situación de vulnerabilidad económica», para lo que se tiene cuenta el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas y otra serie de condiciones referidas a sus circunstancias personales o a las de su unidad de convivencia, según fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez.

En cualquier caso, las mismas fuentes insisten en que la «regularización» permitirá a los inmigrantes ilegales que reciban los papeles «trabajar, desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte de España».

Según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV ha llegado en enero a 798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas.