Los magistrados que tienen en sus manos causas que pueden verse afectadas por la amnistía al golpe separatista estudian cómo aplicar la ley y analizan si deben consultar antes al Tribunal Constitucional (TC) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la espera de la previsible aprobación de la norma esta semana en el Congreso.
Fuentes jurídicas señalan que magistrados del Tribunal Supremo (TS) y de la Audiencia Nacional (AN) están estudiando el texto que ha vuelto al Congreso ante la desidia del PP en el Senado, que decretó —con mayoría absoluta— el fin del «conflicto institucional«. Los dos órganos judiciales tienen sobre la mesa varias causas relativas al golpe secesionista y, en caso de dudas, pueden consultar al TC —a través de una cuestión de inconstitucionalidad— o al TJUE -.-mediante una cuestión prejudicial—.
La ley impulsada por el PSOE pretende amnistiar actos de responsabilidad penal, administrativa o contable ejecutados en el contexto del golpe entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. En concreto, busca perdonar los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar las conductas amnistiables, «así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad».
También amnistía el terrorismo del golpe, exonera los actos tipificados como tortura y perdona la traición.
Una vez que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los órganos judiciales que conozcan de las causas serán los encargados de aplicarla «con carácter preferente y urgente» en «plazo máximo de dos meses». La norma fija como primer paso «el inmediato alzamiento» de las medidas cautelares que se hubiesen adoptado.
El Supremo tendrá que examinar el caso del expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, así como el de los demás prófugos del 1-O procesados por delitos de desobediencia y/o malversación que están a la espera de que el instructor, el magistrado Pablo Llarena, les tome declaración indagatoria para avanzar en el procedimiento penal.
En el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de líderes separatistas que ya fueron condenados por el Supremo en la causa, serán los magistrados del tribunal que les juzgó y sentenció los que tendrán que estudiar cómo aplicar la ley de amnistía.
El alto tribunal también tiene sobre la mesa la causa que abrió el pasado febrero para investigar un delito de terrorismo en el marco de las protestas atribuidas a ‘Tsunami Democràtic’ en 2019. De hecho, en este procedimiento, la juez instructora, Susana Polo, tiene pendiente tomar declaración voluntaria y por videoconferencia al propio Puigdemont y al exdiputado de ERC en el Parlament de Cataluña Ruben Wagensberg.
