Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont negocian la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña, los Mossos d’Esquadra asisten como espectadores sin haber sido consultados. Fuentes internas del cuerpo policial autonómico aseguran que nunca han planteado esta demanda y que el tema ni siquiera ha sido mencionado en sus reuniones con el Ministerio del Interior. «No forma parte de nuestras prioridades ni lo hemos reclamado nunca», afirman.

Lejos de ser una victoria para los agentes catalanes, muchos consideran que asumir esta responsabilidad supondría un problema operativo, generando conflictos de gestión y posibles contradicciones con la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Puede ser un caos», advierten fuentes internas de los Mossos a El Mundo, que ven en esta cesión un escenario complicado en términos logísticos y de seguridad.

El pasado 5 de diciembre se celebró la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que participaron el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su número dos, Rafael Pérez, junto a la consejera de Interior catalana, Núria Parlon, y otros altos cargos. En el orden del día figuraban temas como el crimen organizado, la integración de bases de datos policiales y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, no hubo ninguna mención a la inmigración ni a un posible traspaso de competencias en esta materia, según las actas del encuentro.

La ausencia del tema en esta reunión clave refuerza la sensación de desconcierto en el seno de los Mossos. «No sabemos qué implicaría ni cómo se gestionaría», sostienen fuentes del cuerpo, que piden aclaraciones sobre las funciones que tendrían que desempeñar en caso de materializarse el acuerdo.

Desde el Ministerio del Interior, la incertidumbre también es palpable. Altos cargos reconocen que la cesión de estas competencias choca con la Constitución, que en su artículo 149 establece que el control migratorio es competencia exclusiva del Estado.

El problema no es sólo legal, sino también operativo. Incluso si el traspaso se limita a una «cogestión», implicaría un cambio en la dinámica actual, lo que podría generar conflictos entre cuerpos policiales y complicar la seguridad fronteriza.

A pesar de estos obstáculos, fuentes del Ministerio creen que el Ejecutivo acatará lo que se decida en la negociación con Junts. «Cederán lo que les digan», vaticinan, aunque reconocen que llevarlo a cabo sin vulnerar el marco legal vigente será un reto mayúsculo.

Aunque el Gobierno ya se comprometió en marzo de 2023 a estudiar la cesión, casi un año después no ha habido avances concretos. Algunos mandos policiales consideran que la situación podría seguir en un limbo indefinido por las dificultades legales y logísticas. «Se ha acelerado ahora, pero no descartamos que vuelva a quedar en vía muerta», señalan fuentes policiales al citado diario.

Otros, sin embargo, creen que el Gobierno está decidido a avanzar en la cesión, aunque implique tensar el marco constitucional. «Si hace falta, se saltarán el ordenamiento jurídico», advierten.

Mientras tanto, en el cuerpo de los Mossos persiste la sensación de incertidumbre. «Lo más probable es que nos terminen implicando sin que tengamos ni voz ni voto», lamentan. En el escenario más probable, según fuentes de Interior, el modelo final incluiría la participación de los Mossos junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil en tareas migratorias, sin una cesión total de competencias.

Pero desde Junts no ocultan su ambición: quieren el control de fronteras, la gestión del Número de Identidad de Extranjero (NIE) y la tramitación de permisos. Un plan que, de llevarse a cabo, redefiniría por completo el equilibrio de competencias en materia de inmigración en España y supondría un desafío sin precedentes en la gestión de la seguridad.