El Gobierno de Sánchez está ultimando un anteproyecto de ley orgánica que permitiría a los Mossos d’Esquadra asumir un papel en el control de fronteras, según han confirmado fuentes gubernamentales al diario Vozpópuli. Esta medida implicaría una reforma de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cual actualmente otorga esta competencia a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Aunque la Constitución Española, en su artículo 149.1.2, establece que el Estado tiene el poder exclusivo en materia de inmigración y extranjería, el Ejecutivo sostiene que esto no impide que otras fuerzas policiales puedan colaborar en la gestión de fronteras. Bajo esta premisa, se estudia la posibilidad de modificar la Ley Orgánica de Extranjería (LO 4/2000), lo que permitiría la participación de los Mossos en ciertos puntos de acceso al país.
El Código de Fronteras Schengen y la normativa europea sobre cooperación policial son factores clave que condicionarán cualquier cambio legislativo en este ámbito. El Ejecutivo insiste en que todas las reformas se harán bajo el «paraguas» de la Constitución y con plena transparencia una vez se alcance un acuerdo con Junts per Catalunya.
Las conversaciones entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont avanzan a buen ritmo, aunque sin revelar detalles concretos. En el separatismo, la negociación en sí misma ya es vista como un logro, pues refuerza la estrategia de Junts de obtener concesiones mediante el diálogo con el PSOE. A diferencia de Esquerra Republicana (ERC), Junts no se interesa en la estabilidad del Gobierno central, sino en maximizar su influencia en Madrid sin alinearse con ningún bloque ideológico.
La Generalidad y Moncloa ya habían alcanzado un principio de acuerdo en marzo de 2023 para que los Mossos incrementaran su presencia en puertos y aeropuertos, lo que reduciría el papel de la Policía Nacional y la Guardia Civil en estas infraestructuras. Sin embargo, el Ministerio del Interior paralizó el proceso por la cercanía de las elecciones catalanas.
Desde Interior han negado en varias ocasiones que exista un pacto para transferir competencias en materia de seguridad y orden público en puertos y aeropuertos, asegurando que estas funciones seguirán siendo responsabilidad de los Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, la negociación con Junts se ha centrado en definir hasta dónde puede llegar la autonomía de Cataluña en asuntos fronterizos sin colisionar con la legislación estatal y europea.
Uno de los motores detrás de esta presión de Junts per Catalunya es el auge de Alianza Catalana en Cataluña, lo que ha llevado al partido de Puigdemont a endurecer su postura en materia de inmigración. Aunque no tiene intención de integrarse en la gobernabilidad de España, ha utilizado su capacidad de negociación para condicionar decisiones clave, como la reciente revalorización de las pensiones, asegurando así beneficios para su electorado.