A comienzos de abril, una fragata de guerra rusa navegó por el Canal de la Mancha escoltando a dos petroleros sancionados frente a los acantilados blancos de Dover. No lo hizo de noche, no intentó disimularlo. El Almirante Grigorovich, una fragata de 3.620 toneladas de la Flota del Mar Negro, armada con misiles antibuque, escoltó al convoy con toda la parsimonia de quien sabe perfectamente que nadie va a molestarlo. Un buque de la flota auxiliar real británica, el RFA Tideforce, los siguió de lejos. Sin intervenir. Medios británicos filmaron todo el episodio desde una embarcación alquilada en medio del estrecho. La humillación fue tan completa como documentada.
Apenas un par de semanas después, el 23 de abril, la misma fragata volvió a cruzar el canal. Esta vez escoltaba una flotilla más numerosa: el Sparta, un carguero de 126 metros de eslora con historial documentado de transporte de equipo militar a Siria, acompañado del sancionado petrolero General Skobelev y del Akademik Pashin, un buque de reabastecimiento de combustible cuya función era sostener el viaje desde Rusia hasta Port Said, en el norte de Egipto. Testigos en el Canal declararon a la prensa que esa segunda flotilla no estaba siendo seguida por ningún buque de la Marina Real. Ni siquiera el protocolo de la persecución simbólica.
Todo esto ocurrió menos de un mes después de que el primer ministro Sir Keir Starmer anunciara públicamente que Gran Bretaña adoptaba una postura de fuerza contra la flota fantasma rusa. El mandatario fue más allá en su advertencia asegurando que la Marina Real, la Agencia Nacional contra el Crimen, el Special Boat Service y el SAS estaban autorizados a interceptar, abordar y confiscar los buques sancionados que transitaran por aguas británicas. El inefable Starmer además le dijo públicamente a Putin debía entender que el Reino Unido defendería su soberanía. Que la era de la impunidad en el Canal había terminado.
La respuesta de Moscú fue enviar un buque de guerra.
La flota fantasma es una red operativa de cientos o tal vez miles de buques usados para evadir las sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania en 2022. Estos barcos transportan aproximadamente el 40% de las exportaciones de petróleo rusas. Son, en la práctica, el principal mecanismo financiero que mantiene funcionando la maquinaria de guerra del Kremlin.
Los buques cambian regularmente de nombre, de bandera, de propietario registrado y de identidad electrónica y navegan bajo banderas de Gambia, Sierra Leona, Camerún, Palau o cualquier Estado que no aplique controles rigurosos. Cuando un buque queda demasiado expuesto, desaparece del registro y reaparece con otro nombre y otra bandera semanas después. Desde enero de 2026, según analistas citados por la prensa británica, aproximadamente 300 barcos de la flota fantasma han navegado por aguas del Reino Unido. En los días inmediatamente posteriores al anuncio de Starmer.
El Sparta, por ejemplo, tiene historial documentado como parte de la llamada «Syrian Express», la operación logística rusa que durante años abasteció a las fuerzas de Bashar al-Assad a través del Bósforo. Fue sancionado por Estados Unidos en mayo de 2022. Participó en la evacuación de tropas y material desde la base naval rusa de Tartus, en Siria, hacia Libia, tras la caída de Assad en diciembre de 2024. Es un buque con prontuario y sin embargo navegó por el Canal de la Mancha como Pancho por su casa. El General Skobelev, el petrolero que lo acompañaba en la segunda flotilla de abril, está bajo sanciones directas. El Akademik Pashin, el buque de reabastecimiento, no transporta petróleo: su función era garantizar que los otros dos pudieran completar el viaje de Rusia a Egipto sin necesidad de hacer escalas en puertos que pudieran complicar la operación. La arquitectura logística es completa y profesional.
Estados Unidos ejecutó la primera incautación de un petrolero ruso sancionado en alta mar a comienzos de este año. La operación fue exitosa y generó presión sobre los aliados europeos para que siguieran el ejemplo. Gran Bretaña, que tiene jurisdicción directa sobre el corredor más transitado por la flota fantasma —el Canal de la Mancha— no había hecho nada equivalente. Pero en marzo, Starmer anunció la nueva política con considerable fanfarria. La legislación que amparaba todo esto existía desde 2018. Solo faltaba la orden.
Pero la orden nunca llegó y a cambio surgieron una avalancha de cobardías y burocracias tan distintivas del gobierno laborista, una disputa interna sobre adónde irían los buques capturados una vez confiscados, y qué departamento del gobierno pagaría por el proceso. Mientras tanto los barcos seguían pasando. Un día después del anuncio de Starmer, el Liteyny Prospect navegó por el Canal sin que nadie lo detectara a tiempo. Luego el Belgorod y el Kolomna, en el Mar del Norte. Luego el Nasledie. Luego la flotilla del 8 de abril con escolta de fragata. Luego llegó la segunda flotilla, ya sin siquiera el protocolo de la persecución.
Para que la humillación tomara tintes de película, el embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, emitió una advertencia pública contra el anuncio de Starmer que en cualquier otro momento habría generado una respuesta diplomática enérgica. Un diplomático acreditado amenazando al país en su propia capital pasó sin consecuencias.
Hay un axioma en teoría de la disuasión que los estrategas militares aprenden antes que cualquier otra cosa: una amenaza no ejecutada es peor que el silencio. No porque el silencio sea una postura fuerte, sino porque preserva la ambigüedad. Y la ambigüedad, en contextos de presión, tiene valor operativo real.
En su infinita inoperancia, Starmer destruyó esa incertidumbre y el resultado es que ahora no hay ambigüedad que recuperar. Putin sabe, con evidencia empírica acumulada durante semanas, que las amenazas británicas son un bulo. Esa certeza no se borra con un nuevo anuncio. Al contrario: cualquier anuncio futuro será leído automáticamente como otro bluff hasta que se demuestre lo contrario con hechos. El costo de restaurar la credibilidad es ahora exponencialmente mayor que el costo que habría tenido actuar en marzo.
Esta concatenación de episodios ponen en duda el estado objetivo de la fuerzas navales británicas, que es considerablemente más precario de lo que sugiere su estatus de potencia nuclear y miembro fundador de la OTAN. El HMS Dragon, presentado públicamente como el único destructor plenamente desplegable de la flota, fue enviado a Oriente Medio tras el impacto de un dron iraní en la base aérea de Akrotiri. Tardó tres semanas en llegar, demora que fue objeto de críticas públicas, y tuvo que regresar a puerto por problemas técnicos. Los buques insignia de la proyección de poder naval británico, fueron calificados de «juguetes» por Donald Trump. Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, se burló explícitamente de la «gran y temible Marina Real» británica. Los episodios del Canal de la Mancha volvieron a las burlas de EEUU simplemente descriptivas.
El plan de inversión en defensa, que debía detallar el gasto militar para la próxima década, lleva meses de retraso. La consecuencia directa es una parálisis en la industria de defensa. Lord George Robertson, ex secretario general de la OTAN y coautor de la revisión estratégica de defensa del propio gobierno Starmer, describió la interferencia del Tesoro en el presupuesto militar como «vandalismo» y advirtió que Gran Bretaña «simplemente no puede financiar su defensa con un gasto en bienestar social cada vez mayor». Fiona Hill, ex asesora principal de la Casa Blanca en asuntos de Rusia y coautora del mismo informe, describió como «extraña» la falta de urgencia de Downing Street para poner manos a la obra.
Lo grave es que Gran Bretaña no es cualquier aliado de la OTAN sino un contribuyente nuclear, miembro fundador, quinta economía global, uno de los cinco países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Su postura no es irrelevante para la arquitectura de la alianza: es constitutiva de ella.
El Canal de la Mancha no es el Ártico sino un estrecho de 34 kilómetros en el punto más angosto, flanqueado por costas británicas y francesas, sobre el que Gran Bretaña tiene jurisdicción directa y una presencia naval histórica que data de siglos. Si el Reino Unido no puede hacer cumplir sus propias sanciones en ese corredor, la pregunta que se instala en los Estados Mayores aliados es directa: ¿qué puede esperarse de Gran Bretaña en un escenario de tensión real?
Entre tanto Putin tiene medido el umbral real de respuesta británica. Sabe que puede mover fragatas por el Canal. Sabe que puede escoltarlas con petroleros sancionados. Sabe que sus diplomáticos pueden amenazar públicamente al gobierno anfitrión sin consecuencias. Esa información es estratégicamente valiosa y no se limita al dominio marítimo. Se traslada a cualquier contexto en el que Gran Bretaña intente ejercer presión sobre Moscú: sanciones, apoyo a Ucrania, posicionamiento en negociaciones, respuestas a incidentes en el Báltico. Los submarinos rusos ya demostraron que el espacio de maniobra de Moscú alrededor de la infraestructura crítica británica es considerable.
La marina que en otro siglo patrulló todos los océanos del planeta, que garantizó durante generaciones la navegación global, que fue durante décadas el símbolo más reconocible del poder proyectado de una nación insular, hoy no puede hacer cumplir sus propias sanciones en el estrecho que separa sus costas de las del continente. Esta humillación de Starmer no es sólo un ciclo de noticias adverso. Es la constatación de que el poder naval británico se ha convertido en el hazmerreir del mundo.
