Los okupas que hayan sido condenados no tendrán acceso al parque público de vivienda en la Comunidad Valenciana desde este lunes, con su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. De esta manera, el Ejecutivo regional deja fuera de los pisos de titularidad pública a cualquier ciudadano que haya sido condenado por un delito de okupación.

Este veto explícito se enmarca en la conocida como ley de acompañamiento (ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat), el texto legislativo encargado de asentar las condiciones que regirán las políticas públicas autonómicas durante el presente ejercicio, como publica El Debate.

Su publicación oficializa el pacto rubricado en las Cortes Valencianas a finales de julio, donde la mayoría parlamentaria conformada por el Partido Popular y VOX logró sacar adelante tanto esta norma como los presupuestos de 2026, enfrentando en todo momento el rechazo en bloque de la oposición liderada por el PSOE y Compromís.

La exclusión de los okupas es solo una de las caras del profundo rearme ideológico que vertebran las nuevas cuentas. La normativa sitúa a la Comunidad Valenciana como la primera autonomía de España en consagrar por ley la llamada prioridad nacional, un criterio defendido por VOX y asumido por los populares mediante enmiendas conjuntas en el trámite parlamentario.