La granja escuela de ‘Las Cortas de Blas’ se enfrenta a un desafío sin precedentes ante la expansión de la macroplanta solar más grande de Castilla y León, un proyecto que abarcará más de 900 hectáreas y que impactará directamente en su entorno. La familia Miranda Ocaña, propietaria del centro educativo ambiental, lucha desde hace dos años contra la instalación de placas solares a escasa distancia de su finca, una situación que consideran perjudicial tanto para su actividad como para la biodiversidad local.
El proyecto fotovoltaico, que ya cuenta con la aprobación de las administraciones estatal, autonómica y local, ha sido respaldado por el Ayuntamiento de Villalba de los Alcores (PP), un municipio de 392 habitantes. La concesión de la licencia urbanística supone para el consistorio unos ingresos de seis millones de euros. Sin embargo, la familia Miranda Ocaña denuncia que la planificación vulnera la normativa urbanística autonómica al situarse a menos de 500 metros de su propiedad, lo que implica una alteración del paisaje y un impacto ambiental negativo.
Ubicada en los Montes Torozos, una zona con ecosistemas protegidos, la granja escuela teme que la instalación de la planta solar comprometa el equilibrio natural de la región. En sus terrenos y en las áreas colindantes habitan especies como corzos, lobos y jabalíes, cuya movilidad se verá obstaculizada por los vallados que rodearán las parcelas destinadas a las placas solares. Ricardo Miranda, representante de la asociación SOS Montes Torozos, recalca la contradicción de promover energías limpias y, al mismo tiempo, fragmentar hábitats esenciales para la fauna.
El proceso legal para detener el proyecto ha incluido la presentación de recursos ante distintas instancias, incluyendo el Defensor del Pueblo, aunque hasta ahora la iniciativa sigue adelante. La familia Miranda Ocaña destaca que no se ha producido una expropiación de terrenos, sino que las multinacionales responsables del desarrollo han optado por alquilar grandes extensiones de suelo a propietarios locales. Según los afectados, este modelo de explotación no genera empleo estable en la comunidad, ya que, una vez instalada la infraestructura, apenas se requieren trabajadores para su mantenimiento.
Además del daño ecológico, la familia advierte del impacto socioeconómico perjudicial para el mundo rural. La granja escuela recibe cada año a miles de niños y jóvenes, ofreciendo actividades de educación ambiental y promoviendo un modelo de vida sostenible. «No podemos enseñar a cuidar la naturaleza mientras a nuestro alrededor se imponen megaproyectos que la destruyen», afirma Miranda. En su opinión, la proliferación masiva de parques solares y eólicos en la región responde más a intereses económicos que a una verdadera transición ecológica. Además, consideran que este tipo de proyectos «invasivos» son desarrollados en nombre de la agenda 2030, cada vez más criticada por el sector primario español.
Desde la asociación SOS Montes Torozos, creada para frenar la expansión de estos proyectos, insisten en la necesidad de revisar la planificación territorial y apostar por un desarrollo sostenible que no comprometa el medio ambiente ni la vida rural. Mientras las protestas continúan, la familia Miranda Ocaña sigue firme en su determinación de defender su granja escuela y el paisaje que la rodea, resistiendo ante lo que consideran una amenaza para su futuro y el de la comunidad en la que han echado raíces.
