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En los juzgados y con la ley como única arma, estas seis personas, órganos judiciales y cuerpos policiales han enterrado la intentona golpista del separatismo catalán.
La semana pasada La Gaceta hacía un repaso a las principales asociaciones y personalidades que habían ayudado a combatir el discurso falaz del separatismo en el exterior. Ante la incomparecencia del Ejecutivo, grupos como Empresarios de Cataluña, Sociedad Civil Catalana, la entidad civil ‘Basta Ya’ o intelectuales de la talla de Fernando Savater o el dramaturgo Albert Boadella han decidido dar la batalla de las ideas para contrarrestar el impacto del relato independentista.
Hoy le toca el turno a esos nombres propios que, en el seno de la Justicia, se han valido de la ley como única arma para desmantelar el ‘procés’.
Pocas semanas después, Maza fallecía repentinamente en Buenos Aires de una insuficiencia renal aguda. Sólo cumplió un año como fiscal general del Estado pero cimentó las bases sobre las que se ha construido la causa contra los cabecillas del ‘procés’.
Hace una semana procesópor sedición y organización criminal a Trapero y el resto de la antigua cúpula política de la policía autonómica. La juez de la Audiencia Nacional descartó la rebelión por no poder acreditar la violencia que requiere dicho tipo penal, según explicó en el auto. Algunos juristas han considerado más acertada la calificación hecha por Lamela que la del juez Llarena, que sí ha procesado a Puigdemont y varios exconsejeros por rebelión.
Santi Vila reveló hace unos días en una entrevista que no creía que Llarena estuviese actuando bajo la influencia del poder político. Y así ha quedado demostrado en dos ocasiones: cuando denegó la libertad al exconsejero Joaquim Forn pese a la petición de la Fiscalía y con el escrito que remitió la semana pasada a Montoro, en el que le pedía que acreditase que los secesionistas no habían usado fondos públicos para costear el ‘procés’.
“En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”, afirmaba el auto.
La Sala Segunda secundó la decisión de Llarena de imputar a los líderes separatistas por rebelión y argumentó la violencia que la fundamenta. Pero también le recordó que el fiscal José Manuel Maza -muy avispado cuando presentó la querella- dejó la puerta abierta a una imputación por sedición, tipo que no requiere de violencia y por el que ha optado la juez Lamela con la antigua cúpula de los Mossos.
Pero no siempre el Ministerio Público han estado de acuerdo. Recordemos que el juez sólo puede decretar prisión para un acusado si alguno de estos dos actores lo solicita. Retomando el caso de Joaquim Forn, gracias a la petición de VOX sigue en prisión, ya que en la última revisión solicitada por el exconsejero la Fiscalía pidió su libertad con medidas cautelares por ‘’razones humanitarias’’.
Han sido denostados, amenazados, atacados y agredidos por el separatismo. Su papel en Cataluña ha sido desde el principio el de garantes del cumplimiento de la ley. Y así lo han ido demostrando durante estos meses. La Guardia Civil ha estado recopilando las pruebas que sustentan los delitos que Llarena imputa a los procesados. Su labor ahora es más importante que nunca tras las declaraciones del ministro de Hacienda negando que se haya destinado dinero público al referéndum ilegal. Mientras Montoro dice que no ha habido malversación, los informes de la Benemérita estiman que ésta ha podido llegar a los dos millones de euros.
Y no nos podemos olvidar de la Policía Nacional. ¿Qué sería de la causa si no hubiesen evitado hace unos meses que los Mossos d’Esquadra quemaran documentos sensibles en una incineradora? De todos esos papeles han salido varias de las pruebas que aportan indicios sobre los que construir las imputaciones que pesan contra los cabecillas de la trama golpista.
Después de meses, incluso años -no sabemos si por orden del Gobierno- de silencio sepulcral ante lo que se estaba cocinando en Cataluña, el Rey por fin habló. Y fue muy contundente en aquel mensaje del 3 de octubre. Su defensa de Estado de Derecho y de la Constitución retumbó en todo el país. Sus palabras, más contundentes y útiles que cualquiera de los últimos veinte discursos del presidente del Gobierno, fueron un halo de esperanza para esa otra mitad de catalanes que permanecían silentes. Bueno, más bien silenciados por una clase política catalana muy sectaria y unos medios de comunicación públicos a su servicio.
Por si quieren rememorarlo, aquí va el discurso del Rey:
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Montoro denunció en octubre el uso de fondos públicos para el 1-O