A pesar de la denunciada interpuesta ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el titular de Hacienda asegura ahora que no hubo malversación.
Cristobal Montoro hizo saltar todas las alarmas a principio de semana cuando afirmó que los líderes separatistas no habían empleado ‘ni un solo euro’ de dinero público para costear el referéndum ilegal.
Las palabras del titular de Hacienda fueron rápidamente desmentidas por el juez Llarena, que decretó el levantamiento del secreto del sumario e hizo públicos los informes de la Guardia Civil que acreditan un desvío de al menos 1,9 millones de euros. Incluso la acusación particular de VOX ha pedido explicaciones al ministro y ha anunciado que, de no ser satisfactorias, lo citarán como testigo.
Las declaraciones de Montoro, que pueden convertirse en el principio del fin de su carrera política si se confirman falsas, no siempre han sido las mismas. Su Ministerio interpuso el pasado mes de octubre una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el gobierno regional cesado y las asociaciones separatistas ANC y Ómnium por «la utilización de dinero público en el referéndum ilegal» por si hubiera «responsabilidades contables».
Tal y como desvela El País, en la denuncia firmada por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández-Moya, se reclamaba identificar al responsable del antiguo ejecutivo catalán de los ‘’daños causados al erario público’’. El Ministerio alega al diario que dicha denuncia era en realidad ‘’una comunicación de los hechos, tras la denuncia de la fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que se iniciase una investigación por responsabilidad contable’’. Cinco meses después aseguran que no ha habido malversación.
El Gobierno respalda las declaraciones de Montoro
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que la información «contable» de la que dispone el Ejecutivo es que «ningún euro» de los fondos públicos se ha destinado al referéndum del 1-O, aunque le corresponde al juez Llarena determinar la «verosimilitud» de estos datos y «decidir» si hay delito.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha garantizado que esta documentación se remitirá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de manera «inmediata» y será él quien se encargue de «ver la verosimilitud de esa información contable y su calificación jurídica», junto con la información que tenga de la Guardia Civil.
Llarena pidió esta semana por escrito a Montoro que explique «a la mayor brevedad posible» por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum secesionista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
Méndez de Vigo ha manifestado que «no hay ninguna discrepancia» a este respecto y ha reiterado la afirmación de Montoro de que no se destinaron fondos públicos al referéndum ilegal.
Además, ha enmarcado el uso de estas declaraciones por las defensas de los imputados por el procés, en que «utilizan todos los medios a su alcance para defender su posición, eso es legítimo».
Ha recordado que el Gobierno recurrió por los 5 millones de euros que los presupuestos de la Generalitat destinaban al referéndum del 1-O, que fue anulada por el Tribunal Constitucional, y a partir de ahí todas las cuentas del Ejecutivo catalán «han estado intervenidas».
Ahora tendrá que ser el juez Llarena quien, con la información que le enviará el Gobierno, se haga una idea de lo que ha habido y lo calificará jurídicamente, tras haber considerado que hay malversación de fondos públicos, para lo que «tendrá toda la ayuda y la colaboración» de la información de la que dispone el Gobierno.
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