La huelga general ya tiene fecha: 11 de noviembre, una semana antes del inicio de la campaña electoral. La convocatoria, que coincide con el calendario que había planteado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sitúa el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios como principales reivindicaciones. Su proximidad a las elecciones ha abierto un enfrentamiento con la patronal y con otras organizaciones sindicales, que cuestionan el carácter de la protesta.

UGT, CCOO y CGT se han agrupado en torno al Sindicato de Inquilinas, junto con organizaciones como la gallega CIG, las vascas ELA y LAB, Solidaridad Obrera y las COBAS. En cambio, CSIF, USO y FETICO rechazan secundarla por considerarla «política». El Partido Popular también ha criticado la iniciativa, que ha definido como una «huelga contra la oposición», mientras los empresarios sostienen que se les señala por un problema cuya responsabilidad no les corresponde.

Los convocantes relacionan el encarecimiento de la compra y del alquiler con la insuficiencia de los ingresos de numerosos trabajadores. Bajo el lema «por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla», UGT y CCOO vinculan sus demandas a un decálogo sindical sobre vivienda y a su propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que plantea incrementos salariales de entre el 4% y el 7%. Las subidas pactadas en los convenios se sitúan este año en el 3,04%, según los datos recogidos en la información.

La CEOE reprocha a los sindicatos que recurran al paro mientras, según su criterio, eluden abordar la productividad y el absentismo. La patronal defiende que el salario medio ha aumentado un 30%, aunque la información no concreta el periodo de comparación. Su presidente, Antonio Garamendi, insiste en que una reducción de impuestos permitiría mejorar las remuneraciones. Las fuentes sindicales replican que en numerosos sectores persisten las jornadas prolongadas y las horas extraordinarias sin pagar, y recuerdan la oposición empresarial a las subidas del salario mínimo.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha justificado la movilización por las consecuencias del bloqueo parlamentario para quienes necesitan medidas de protección. A su juicio, los principales perjudicados son los ciudadanos que afrontan un desahucio, tienen dificultades para llegar a final de mes o precisan actuaciones para contener los precios. Este planteamiento ha alimentado las críticas de quienes interpretan la convocatoria como una forma de presión política en vísperas electorales.

Queda pendiente conocer la posición de organizaciones con capacidad para condicionar servicios esenciales, como Semaf, entre los maquinistas ferroviarios, los sindicatos de pilotos o Satse, en enfermería. Su eventual adhesión puede determinar el alcance de la jornada en el transporte y la sanidad. Por su parte, los sindicatos médicos han desconvocado su huelga indefinida y trasladarán sus exigencias al Gobierno que salga de las urnas.