Los principales sindicatos de la Policía Nacional han elevado el tono contra la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, advirtiendo de un riesgo real de colapso administrativo y de fallos graves en los controles de seguridad.
Las organizaciones policiales denuncian que la medida se ha adoptado sin planificación ni refuerzo de medios, pese a que implicará un incremento exponencial de trámites, verificaciones documentales y comprobaciones de antecedentes penales.
Desde el sindicato Jupol critican que la decisión se haya tomado «de espaldas a los profesionales de la seguridad» y sin consenso político, pese a su impacto directo en el control fronterizo y el orden público.
En la misma línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) alerta de una relajación de los controles en favor de la rapidez administrativa, lo que podría debilitar el sistema de filtrado de perfiles de riesgo. Según advierten, sin una verificación efectiva de antecedentes —especialmente en países donde el acceso a información es limitado—, el sistema pierde capacidad para detectar delincuentes.
Los agentes también señalan el riesgo de que España actúe como una excepción dentro del espacio Schengen, permitiendo que personas con órdenes de expulsión en otros países europeos puedan regularizar su situación en territorio español.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) va más allá y advierte de que el decreto «abre una brecha en la seguridad pública», al considerar que no existen mecanismos reales para comprobar los antecedentes penales en origen.
Además, los sindicatos subrayan que el impacto de la medida podría ser aún mayor del previsto, ya que a las regularizaciones iniciales se sumarían posibles procesos de reagrupación familiar, elevando significativamente el número de beneficiarios.
Todo ello se produce en un contexto de creciente presión sobre las unidades de Extranjería y Fronteras, que ya operan con recursos limitados y acumulan retrasos. Los policías advierten de que, sin refuerzos ni garantías de control, la regularización masiva podría convertirse en un factor de desestabilización del sistema migratorio y de seguridad en España.
