El sindicato nacional Jusva, representativo del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), ha reclamado la dotación de «medios adecuados» para las unidades operativas marítimas tras los hechos registrados en la costa de Almería donde la embarcación ‘Audaz’ resultó dañada al ser embestida por una narcolancha durante una persecución vinculada al tráfico ilícito de combustible o petaqueo. La organización sindical ha avanzado además que solicitará una reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, con el objetivo de reclamar el reconocimiento del colectivo como «profesión de riesgo«.
En el operativo participaron alrededor de seis embarcaciones semirrígidas presuntamente utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico y el abastecimiento de combustible en alta mar. De acuerdo con la versión trasladada por Jusva, una de las narcolanchas habría colisionado de forma deliberada con la patrullera del SVA con el propósito de facilitar la huida del resto de embarcaciones implicadas. Como consecuencia del impacto, la nave oficial sufrió daños materiales, aunque no se registraron heridos entre los agentes participantes.
El sindicato ha advertido de que situaciones de este tipo evidencian la necesidad de reforzar los recursos técnicos y humanos destinados a la vigilancia marítima. En este sentido, ha señalado que la ausencia de equipamientos adecuados puede derivar en episodios de mayor gravedad, especialmente en operaciones desarrolladas en el medio marino y frente a organizaciones criminales con elevada capacidad logística y operativa.
Jusva ha vinculado además este incidente con el reciente fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva durante una actuación contra embarcaciones relacionadas con el narcotráfico. La organización considera que ambos sucesos reflejan el incremento de la peligrosidad en las actuaciones desarrolladas por los cuerpos encargados de la lucha contra el crimen organizado en el litoral español.
El sindicato ha recordado asimismo que el Servicio de Vigilancia Aduanera cuenta con unos 2.500 agentes distribuidos por todo el territorio nacional, con funciones operativas tanto marítimas como terrestres. La organización sostiene que el cuerpo afronta un déficit histórico de visibilidad institucional pese a ser, según afirman, el cuerpo policial más antiguo de España.
