
Los sindicatos médicos y facultativos de toda España han acordado convocar una huelga indefinida de ámbito nacional a partir del próximo 28 de octubre contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad. Las organizaciones exigen a la ministra, Mónica García, que abra una «negociación real» para avanzar hacia un estatuto propio para la profesión.
La decisión supone la unificación de las protestas que hasta ahora habían organizado por separado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), por una parte, y la Unión Médica y Facultativa (UMYF), por otra.
UMYF ha hecho un llamamiento al conjunto de médicos y facultativos para «mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria» ante un momento que considera «decisivo para el futuro de la profesión en España».
Las organizaciones sostienen que el proyecto remitido por el Gobierno al Congreso no reconoce las particularidades del ejercicio médico ni ofrece una respuesta suficiente a sus reivindicaciones laborales. Entre sus demandas figuran la reducción de las guardias prolongadas, el reconocimiento del tiempo trabajado a efectos de jubilación y una clasificación profesional acorde con su formación y responsabilidad.
«La movilización persigue que el Ministerio de Sanidad reconsidere su planteamiento y abra una negociación real que permita avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio», señalan los sindicatos. Ese texto específico, añaden, debe garantizar unas condiciones de ejercicio ajustadas al nivel de preparación y responsabilidad exigido a estos profesionales.
La convocatoria llega después de meses de protestas y rompe la división que había marcado hasta ahora la estrategia sindical. El frente común aumenta la presión sobre García cuando el proyecto del Estatuto Marco inicia su tramitación parlamentaria y afronta un escenario incierto en el Congreso.
La ministra había abierto esta semana la puerta a estudiar una regulación específica para los médicos, aunque siempre «sobre la base común» del Estatuto Marco elaborado por su departamento. También propuso trasladar a los grupos parlamentarios la creación de un «intergrupo» que analice la cuestión de forma paralela a la ponencia encargada de tramitar el proyecto de ley.
El planteamiento no ha convencido a las organizaciones médicas, que reclaman una negociación directa y garantías legislativas. Los sindicatos consideran insuficiente relegar sus demandas al trámite de enmiendas después de que el Consejo de Ministros aprobara un texto pactado con CCOO, UGT, CSIF y SATSE, pero rechazado por los representantes específicos de los facultativos.
El conflicto arrastra meses de paros. Durante 2025 se celebraron varias jornadas de huelga nacional contra la reforma, mientras que en 2026 las movilizaciones adoptaron el formato de una semana de paro al mes. A ellas se sumaron protestas específicas en distintas comunidades autónomas.
Desde que Mónica García llegó al Ministerio de Sanidad en noviembre de 2023, su gestión ha quedado atravesada por sucesivas movilizaciones de médicos y otros trabajadores sanitarios. Los facultativos denuncian que el Gobierno pretende regular bajo un mismo marco a perfiles profesionales con niveles de formación, responsabilidad y jornadas muy diferentes.
Mientras el conflicto con los médicos escala hasta una huelga indefinida, García ha vuelto a situar el foco político en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante las elecciones autonómicas de 2027.
La ministra aprovechó el Debate del Estado de la Región para anunciar que pedirá nuevamente la desclasificación de los informes relacionados con la frustrada compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid. García habló de un «ático de lujo» y aseguró que se trata de algo «absolutamente insospechado».
También calificó de «lánguida» y «plana» la intervención de Ayuso y la acusó de ser «incapaz» de ofrecer una explicación «mínimamente creíble» sobre el asunto. Las declaraciones llegan cuando todos los sindicatos médicos han unido sus fuerzas para confrontar la política sanitaria del Gobierno y reclamar a la ministra que retome una negociación que consideran bloqueada.