La Policía Nacional investiga a No Name Kitchen en Ceuta por la compra masiva de agua fuerte y papel de aluminio, precursores habituales de artefactos explosivos caseros. Según fuentes policiales consultadas en exclusiva por LA GACETA, la alarma la dio un establecimiento comercial al detectar que un grupo numeroso de invasores, asistidos por miembros de la ONG, adquiría esas sustancias en cantidades inusuales. Los agentes tratan de identificar a los grupos concretos, localizar dónde se oculta el material y determinar si parte de los adquirentes están internados en el CETI.

El precedente ya está sobre la mesa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó la detención de dos voluntarios de No Name Kitchen, un canadiense y un alemán, por alentar a grupos violentos contra los agentes en la playa de Benítez, además de desobediencia y resistencia. La organización sostiene que solo grababan una actuación policial. Interior sostiene lo contrario.

Esa lupa policial no llega a una asociación aislada. La red que No Name Kitchen cofundó, Border Violence Monitoring Network, declara ante el Registro de Transparencia de la Unión Europea un gasto en lobby de entre 200.000 y 299.999 euros en 2025, el doble que en el año anterior. Entre los financiadores identificados de la propia NNK figura Guerrilla Foundation, una entidad berlinesa que en sus textos afirma no rehuir «la protesta pública, la desobediencia civil y las acciones directas que puedan generar controversia» y que en 2019 concedió 5.000 euros a We’ll come united, en Sajonia, para el apoyo a «grupos antifa progresistas».

Según las mismas fuentes policiales, parte de los voluntarios que operan en Ceuta exhiben pautas asociadas a grupos antifa y han sido señalados por un trato que va más allá del reparto de comida: entrega de sprays de pimienta y un aleccionamiento que los agentes sitúan en prácticas de guerrilla urbana. Las imputaciones sobre los precursores siguen abiertas. Lo que ya no es una hipótesis es la coincidencia; investigación por la detonación de explosivos caseros durante una manifestación pacifica, dos integrantes detenidos y una red financiadora que asume la desobediencia civil.

La ONG se presenta como un actor humanitario, pero en la práctica es el eslabón de una arquitectura de dos capas. Recaba en Ceuta testimonios sobre las fuerzas de seguridad españolas y los vuelca en BVMN, una red sin personalidad jurídica propia que opera bajo el paraguas de la asociación alemana Rigardu e.V., con sede en Leipzig. El material se genera en suelo español. El archivo y la representación institucional están en Alemania y Rigardu actúa además como empleador oficial de los puestos que oferta la red.

Esa misma red declara apoyo de Open Society Foundations, la fundación de George Soros. DevelopmentAid clasifica a No Name Kitchen como ONG española «con experiencia con la Open Society Foundations». BVMN añade el respaldo de OSF, del European Programme for Integration and Migration y de la European Cultural Foundation. Quien opera en la calle, quien archiva en Leipzig y quien presiona en Bruselas contra el Reglamento de Retorno forma parte de un mismo ecosistema.

En el registro comunitario, BVMN figura con el identificador 072000848609-30, declara 14 lobistas y señala como objetivos la Directiva de Facilitadores, el Reglamento de Retorno y el Pacto de Migración y Asilo. En las casillas de organizaciones miembro y de contribuciones principales consigna «ninguna». NNK sostiene que no pide fondos públicos porque considera cómplices a las instituciones, de hecho en 2023 un portavoz decía que estaban «siempre tiesos». Dos años después, la red que cofundó NNK ha duplicado el lobby y aparece sostenida por financiación privada con una agenda explícita enfocada hacia «la desobediencia civil» el apoyo a «grupos antifa progresistas».

No Name Kitchen declara como visión la libertad de movimiento —la supresión del control fronterizo— y que la ayuda humanitaria debe incluir acción política. Guerrilla Foundation selecciona a grupos que desafían «el colonialismo, la supremacía blanca, el patriarcado y el imperialismo». El encuadre institucional las presenta como un comedor. El registro, las detenciones de Benítez y la investigación por precursores de explosivos las sitúan en otro mapa más cercano a grupos antifa que a entidades humanitarias.