La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del Partido Popular a la reelección, María Guardiola, ha reiterado en plena recta final de campaña que no está dispuesta a eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales, uno de los tributos autonómicos que más impacto tiene en el acceso a la vivienda. Lo ha hecho en una entrevista concedida a Abc, en la que defiende la necesidad de mantener esta figura fiscal por su peso en la recaudación.

«Quieren que elimine el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando recaudamos 200 millones de euros. ¿Cómo se financian los servicios públicos?», afirma Guardiola, que presenta la supresión del impuesto como una amenaza directa a la estabilidad de la Hacienda autonómica. A su juicio, aceptar esa propuesta supondría «la quiebra de la Hacienda pública».

«Nosotros bajamos impuestos. Pero siempre con sentido común y con una gestión que te permita mejorar los servicios públicos», sostiene, sin entrar en cómo aliviar la presión fiscal sobre quienes compran una vivienda en una región con salarios bajos y escasa capacidad de ahorro.

Guardiola vincula esta negativa a otras exigencias que atribuye a VOX en el marco de una hipotética negociación tras el 21 de diciembre. Entre ellas, la derogación de la ley LGTBI autonómica, aprobada por el Partido Popular y que la presidenta extremeña se compromete a mantener intacta. «Me estaban pidiendo que incumpliera la ley o que derogara leyes que había aprobado el Partido Popular como la ley LGTBI. Y por ahí no voy a pasar«, afirma.

La dirigente popular defiende esa norma como parte de los «derechos adquiridos» y marca ahí una línea roja política, pese a que la propia ley no ha tenido efectos reales verificables ni ha supuesto mejoras concretas en la vida cotidiana de los extremeños. Una defensa que contrasta con su insistencia en mantener un impuesto que penaliza directamente las operaciones de compraventa y transmisión patrimonial.