El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este miércoles que las fuerzas de seguridad sean racistas y ha recordado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil cuentan con normativas y códigos éticos que prohíben esas actitudes.
Marlaska ha respondido así en el pleno del Congreso a la diputada de ERC Marta Rosique, que le ha preguntado si consideraba que se debían adoptar medidas para evitar el racismo en el ámbito de la seguridad.
Según la diputada, que ha citado casos como el de Lucrecia Pérez, asesinada en 1992 en Madrid en un crimen racista, o la tragedia de Tarajal de 2014, cuando murieron 15 inmigrantes, en España existe «racismo institucional».
Y ha ido más lejos al asegurar que un policía que sea racista, con la porra y la «ley mordaza» que «le ampara», puede ser «más peligroso» que otros.
Marlaska ha pedido que se eviten las generalizaciones en relación a las fuerzas de seguridad y ha señalado que si algo las define es «su profesionalidad» para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades.
Ha recordado que ya en 1981 hubo una orden ministerial dirigida a los cuerpos de seguridad donde se prohibía la discriminación, lo que recoge también la ley de 1986 que los regula.
Además, la prohibición de conductas racistas para los agentes está recogida en el Código Ético de la Policía Nacional y en la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, ha explicado el titular de Interior, quien ha mencionado la oficina contra los delitos de odios donde los agentes «desarrollan un trabajo ejemplar» luchando contra esas actitudes.
«Se puede hacer algo más mientras haya actos de discriminación en la calle, y también institucional, pero es anecdótico», ha concluido el ministro.
Cuando se identifique a mossos autores agresión racista se les expulsará, según Buch
En la sesión de control al Govern en el Parlament, el titular autonómico de Interior ha asegurado que «en cuanto se sepa quién es el autor y los encubridores, en ese momento se producirá la expulsión inmediata del cuerpo de los Mossos d’Esquadra. No habrá ninguna complicidad ni con el racismo ni con la xenofobia», ha dicho.
La consellería de Interior y los Mossos han cambiado de destino a seis agentes del área de recursos operativos investigados por un juez de Manresa por proferir presuntamente insultos racistas a un joven, al que en 2019 llamaron «mono» y «negro de mierda».
Este supuesto caso de racismo en la policía catalana se destapó este lunes después de que SOS Racismo hiciera público un audio en el que se escucha presuntamente a un agente de los Mossos profiriendo insultos racistas a un joven -que lo grabó con su móvil- el 10 de enero de 2019 en Sant Feliu Sasserra (Barcelona), durante un desahucio.
En la sesión de control de hoy, los diputados Marc Parés (Catalunya en Comú Podem) y Maria Sirvent (CUP) han coincidido en destacar que hay «un problema de brutalidad policial» en el cuerpo de la policía autonómica y han afeado que los investigados no hayan sido expulsados, sino simplemente trasladados de departamento.
Buch ha defendido que tras la primera denuncia de los hechos, hace un año y medio, se empezó una investigación interna sin que la familia aportara el audio de la agresión verbal y supuesta agresión física al joven, una grabación que en una posterior denuncia al juzgado de Manresa sí se ha aportado como prueba.
El conseller ha dicho que el audio es «espeluznante» y que cuatro horas después de escucharlo ya tomó medidas inmediatas.
«Cuando se da un hecho así se actúa», ha defendido Buch, quien ha apuntado que no puede simplemente expulsar del cuerpo a los seis mossos presuntamente implicados sin que antes el juez identifique «quiénes de ellos son autores, cómplices o incluso si estaban allí».
«No se puede juzgar a alguien sin un juicio previo. No se puede actuar como poder ejecutivo, legislativo y judicial», le ha replicado Buch a la diputada de la CUP Maria Sirvent, que le exigía que les suspendiera «automáticamente» de sueldo y cargo.
«Hasta que se establezca por la justicia la culpabilidad clara de cada uno, que se está investigando, lo que hemos tomado es una medida preventiva ante una conducta tipificada como grave, y esa gente está en oficinas ya, no va a estar en la calle».
