El Campo de Gibraltar vive desde hace más de un año una nueva oleada de narcotráfico que se extiende por Andalucía, sitúa a Guardia Civil y Policía Nacional al límite y obliga a las bandas criminales a adoptar métodos cada vez más violentos para proteger sus cargamentos con armas de guerra.

Las organizaciones asentadas en la zona han roto los códigos que manejaban las viejas familias de la droga. Ahora operan con tácticas más agresivas, defienden su mercancía con fusiles de gran calibre y muestran una disposición abierta a confrontar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un escenario que nunca se había dado en esta magnitud.

En la demarcación de la Policía Nacional, los únicos agentes que podrían igualar su capacidad de fuego son los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Cuentan con armamento equivalente, equipamiento balístico de alta protección y vehículos preparados para acceder a zonas fluviales y terrenos complicados. Sin embargo, denuncian que el Ministerio del Interior no autoriza su despliegue.

Según fuentes de la propia UIP, la unidad ha solicitado intervenir en varias ocasiones. Interior lo niega y afirma que “no ha habido ninguna petición en ese sentido”. La primera solicitud surgió tras la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, en febrero de 2024. La respuesta que recuerdan desde la UIP fue el silencio. Desde entonces, han insistido en distintos momentos.

La última petición llegó hace apenas diez días. Un traficante abrió fuego con un arma de guerra contra un agente del GRECO cuando este intentaba acceder a un almacén utilizado como depósito de droga en un polígono industrial de Sevilla. El disparo alcanzó el abdomen del policía, que continúa ingresado.

La Federación de UIP del sindicato SUP ha hecho pública su indignación ante la actitud de Interior. Sostienen que la crisis “va a más” y que resulta inexplicable que el departamento dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaska rechace reforzar a los agentes destinados en los puntos más castigados por el narcotráfico.

Los antidisturbios recuerdan que su parque de vehículos —coches 4×4, unidades tipo Hummer y otros capaces de avanzar incluso por cauces de agua con poca profundidad— permite acceder a enclaves que resultan inaccesibles para las unidades convencionales. Precisamente en esas zonas se refugian las narcolanchas que transportan grandes alijos.

Actualmente, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) es la que permanece desplegada sobre el terreno. Pero los propios agentes admiten que no disponen del mismo nivel de protección ni de los recursos que ofrece la UIP, imprescindible frente a bandas que utilizan armamento de guerra.

A este problema se suma otro: Interior atraviesa una crisis de pagos. Las dietas y alojamientos necesarios para unidades itinerantes se retrasan y, en los últimos meses, los agentes han tenido que adelantar con su propio dinero los gastos para poder trabajar. Esta falta de liquidez ha provocado que algunos desplazamientos se hayan paralizado.

El sindicato resume así la situación: “El Campo de Gibraltar y su entorno se han convertido en una zona cada vez más difícil de controlar. La droga circula con una impunidad intolerable y las organizaciones criminales exhiben armas de guerra y recursos muy superiores a los de los agentes que patrullan la demarcación”.

Desde el SUP reclaman un refuerzo urgente de plantillas con grupos de UIP, cuyas funciones incluyen la prevención y restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como la respuesta ante alertas policiales por delincuencia común o terrorismo y la instalación de controles y dispositivos especiales. Mientras tanto, el narcotráfico sigue expandiéndose y el sur de España afronta un desafío que Interior continúa sin asumir.