El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó públicamente que en 2025 la Guardia Civil ha alcanzado un «máximo histórico» de efectivos, superando los 83.000 agentes. Sin embargo, los datos oficiales disponibles a través de respuestas parlamentarias reflejan una situación distinta en cuanto al número real de guardias civiles en activo y a la cobertura del catálogo de puestos de trabajo del cuerpo.
Según publica Okdiario, el catálogo oficial —instrumento técnico que fija la estructura y necesidades de personal— establece que la Guardia Civil debería contar con más de 91.000 puestos cubiertos. No obstante, en abril de 2025 figuraban como efectivos activos 73.862 agentes, lo que supone un déficit estructural superior a los 17.000 guardias civiles. La diferencia entre ambas cifras se explica, en parte, porque el cómputo al que alude el Ministerio incluye personal en situación de reserva y no exclusivamente en servicio activo.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización mayoritaria en el cuerpo, sostiene que esta brecha de personal equivale al total de agentes destinados en 21 provincias españolas. En este sentido, la asociación considera que el déficit tiene un impacto directo en la prestación del servicio de seguridad pública, especialmente en territorios con mayor demanda operativa.
El acceso al catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil no es público. La Dirección General del cuerpo ha decidido no facilitarlo a las asociaciones profesionales, alegando motivos relacionados con la protección de secretos oficiales. Esta situación contrasta con la de la Policía Nacional, que sí proporciona su catálogo a las organizaciones sindicales, pese a que estas denuncian que dicho documento no se actualiza desde hace más de una década.
Las cifras detalladas del déficit territorial se conocieron tras una pregunta parlamentaria. En la respuesta, el Gobierno confirmó que ninguna provincia española cubre el 100% de los puestos asignados en el catálogo. Los mayores déficits se registran en Madrid, con más de 2.200 agentes menos de los necesarios, seguida de Valencia, Alicante, Murcia y Barcelona.
Además, varias provincias presentan niveles de cobertura inferiores al 75%, lo que, según la AUGC, afecta a la operatividad policial y a las condiciones laborales de los agentes. Entre las zonas con mayor escasez relativa figuran Guipúzcoa, Lérida, Toledo, Gerona, Tarragona, Teruel, Soria, Baleares y Santa Cruz de Tenerife.
En una respuesta parlamentaria posterior, con datos de 30 de junio, el Ejecutivo elevó la cifra de puestos no cubiertos hasta cerca de los 20.000. Aunque el número total de efectivos ascendía a más de 95.000, únicamente algo más de 75.000 estaban disponibles para prestar servicio efectivo.
Desde la AUGC se subraya que la política de reposición aplicada en los últimos años no está compensando el déficit acumulado y que esta situación repercute tanto en la seguridad ciudadana como en la cobertura de competencias exclusivas del cuerpo, como la vigilancia del litoral, el control fiscal, la protección del medio natural y la seguridad en el medio rural. La asociación reclama un incremento significativo de las futuras promociones para cubrir de forma efectiva el catálogo oficial de puestos de trabajo.