La consolidación del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar continúa determinando la vida diaria en Cádiz y Huelva, donde las nuevas macroorganizaciones y las familias tradicionales de la droga imponen, desde hace meses, un escenario de violencia creciente que explica por qué las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran desbordadas.
Cuando el temporal arrecia, las narcolanchas vuelven a utilizar los puertos como refugio, pese a que en Barbate dos guardias civiles murieron en febrero de 2024 al ser arrollados por una de estas embarcaciones. La semana pasada, los empleados de los traficantes regresaron a ese mismo puerto en mitad del mal tiempo. Un agente destinado en la lucha contra el narco explica que la instrucción interna fue clara: cerrar el recinto y evitar cualquier grabación o fotografía.
La escena se repitió en una playa de Cádiz, donde dos narcolanchas alcanzaron la orilla sin oposición. Los guardias civiles admiten que trabajan con zodiacs porque las patrulleras continúan averiadas. La sensación de abandono se extiende entre los agentes, que denuncian que la situación empeora de manera sostenida.
A la muerte de los dos guardias civiles, al policía nacional tiroteado en Sevilla hace dos semanas cuando se disponía a entrar en una guardería de droga y al uso de armamento de guerra por parte de los nuevos clanes, se suma ahora la expansión de secuestros y torturas entre bandas. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional coinciden en que el desgobierno crece sin freno.
A este escenario se añade un nuevo contratiempo: Interior ha reducido de manera notable la presencia del Grupo de Acción Rápida (GAR), una unidad de élite que operaba de forma permanente (con relevos) hasta el pasado octubre. Un agente del GAR afirma que desde principios de ese mes el Ministerio ha dejado de enviar equipos con la frecuencia habitual, hasta el punto de que puede pasar semanas sin presencia del grupo ni en el Estrecho ni en la desembocadura del Guadalquivir.
El recorte también afecta al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), encargado del orden público y del apoyo a la policía judicial. Los agentes señalan que, en plena temporada alta para el narcotráfico, la unidad sólo mantiene presencia en Huelva. Recuerdan que, al tratarse de equipos itinerantes, su despliegue requiere dietas y alojamiento, y que Interior lleva meses alegando problemas presupuestarios. Algunos efectivos han afrontado de su bolsillo hasta 500 euros de gastos que tardaron más de medio año en ser abonados.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil sufre otra debilidad crítica: el recorte de su horario. Los agentes reclaman volver al servicio de 24 horas para evitar que las embarcaciones sufran tantas averías y para cubrir más millas náuticas. Consideran que lo que no se controla en el mar se convierte en un problema mayor en tierra. Con la mayoría de patrulleras fuera de servicio, se ven obligados a patrullar y perseguir con semirrígidas.
Mientras el GAR pierde efectivos, los puertos de Cádiz registran un incremento de narcolanchas. Paralelamente, la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional ha solicitado sin éxito ser desplazada a la zona. Esta unidad cuenta con armamento de guerra, vehículos todoterreno y material balístico avanzado, necesario para enfrentarse a los narcos que utilizan ríos y zonas de difícil acceso como escondite. La UIP posee 4×4, vehículos tipo Hummer e incluso modelos capaces de navegar en aguas someras. Sin embargo, en el terreno sólo está desplegada la UPR, con medios mucho más limitados.
La escalada de violencia se refleja también en el ámbito urbano, detalla El Mundo. Hace un mes, un hombre fue tiroteado en su vivienda en La Línea de la Concepción. Los asaltantes maniataron a toda su familia, esperaron a que regresara a casa y le dispararon en el cuello. Todo apunta a un robo de droga. La víctima huyó del hospital tras identificarse con un DNI falso, aunque los investigadores lo localizaron más tarde y confirmaron que tenía órdenes de ingreso en prisión.
Los episodios de extrema violencia no son aislados. En julio, la Policía liberó a un joven encerrado en el maletero de un coche en Ayamonte tras haber sido golpeado y atado por un grupo vinculado al narcotráfico. En febrero, en la ría de Huelva, varios hombres descargaron hachís a plena luz del día desde embarcaciones recreativas, escoltados por individuos con fusiles de asalto. Tres de ellos portaban AK-47 preparados para disparar sin contemplaciones.
Una semana antes, el ministro Fernando Grande-Marlaska aseguraba tener «acorralados» a los traficantes durante una reunión con la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, reivindicando los resultados del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. Sobre el terreno, los agentes describen una realidad opuesta: más narcos, más droga, más violencia y menos medios.
Desde el Ministerio insisten en que «no existe ninguna limitación de unidades» y que cada cuerpo decide su despliegue según necesidades operativas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado recoge en su Memoria Anual la preocupación manifestada por la fiscal delegada de Cádiz: la caída de droga incautada deriva en menos procedimientos penales, vinculándolo a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON-Sur, ejecutada sin comunicación previa a las fiscalías ni a los órganos judiciales.
