Un Convenio de Seguridad Social entre España y Marruecos firmado en 1979 y en vigor desde 1982 permite que los familiares de trabajadores marroquíes que cotizan en España reciban asistencia sanitaria en territorio marroquí con cargo a la Seguridad Social española. El acuerdo bilateral establece que el cónyuge, los hijos y otros dependientes que residan habitualmente en Marruecos tienen derecho a prestaciones sanitarias en los centros del país norteafricano, y que el Gobierno marroquí factura directamente a España el coste de esa atención. Este mecanismo, diseñado en su día para proteger a las familias de emigrantes, funciona a través de reembolsos entre las instituciones de ambos países y sigue plenamente vigente más de cuatro décadas después.
Según el convenio, los trabajadores marroquíes regularizados y dados de alta en España generan este derecho para sus familiares sin necesidad de que estos se desplacen a territorio español. Marruecos presta la atención médica en sus hospitales y ambulatorios y presenta la factura correspondiente a la Tesorería General de la Seguridad Social. El sistema se basa en cuotas globales o en el reembolso del gasto real, dependiendo del caso concreto, y forma parte de la red de acuerdos internacionales que España mantiene con varios países para coordinar prestaciones de Seguridad Social.
Los datos oficiales revelan un claro desequilibrio en la aplicación del convenio. En un informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2009, Marruecos facturó a España 12,54 millones de euros por asistencia sanitaria, mientras que España sólo reclamó a Marruecos 767.086 euros. Esa diferencia de más de 16 veces se explica principalmente por la atención a familiares de trabajadores marroquíes residentes en Marruecos. Informes posteriores del mismo organismo han confirmado que la situación se mantiene, aunque las cifras exactas varían según el año.
Aunque el convenio persigue un objetivo de protección social para las familias transfronterizas, el desequilibrio económico ha sido criticado por distintos organismos de control. No obstante, ninguna de las administraciones españolas ha propuesto su modificación o denuncia en los últimos años. El acuerdo sigue aplicándose de forma automática, y las facturas continúan llegando desde Rabat sin que se haya planteado una revisión profunda del texto original.
