La «excelente» cooperación con Marruecos que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a defender este lunes ha encontrado una nueva excepción en Ceuta. Las autoridades marroquíes se han negado a recibir a un ciudadano libanés que entró ilegalmente en la ciudad durante la invasión de finales de julio y al que fuentes policiales relacionan con grupos terroristas. El intento de devolución a través del Tarajal fue frustrado y el hombre permanece actualmente en territorio español, a la espera de que Interior decida cómo proceder.

El ciudadano libanés consiguió acceder a Ceuta durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, aprovechando el colapso registrado en la frontera. Posteriormente fue localizado por la Policía Nacional dentro de los controles desarrollados para identificar a las decenas de miles de personas que consiguieron cruzar aquellos días y detectar posibles antecedentes, prohibiciones de entrada o perfiles considerados de interés para la seguridad.

Las pesquisas sobre el libanés quedaron en manos de los servicios de Información de la Policía Nacional. Según las informaciones recabadas por los investigadores y publicadas por medios locales, los agentes establecieron vínculos entre el individuo y grupos terroristas, lo que llevó a activar el procedimiento para intentar sacarlo del territorio nacional. El primer destino planteado fue Marruecos, país desde el que había accedido a Ceuta.

Rabat, sin embargo, se ha negado a hacerse cargo de él al comprobar que se trata de un ciudadano libanés. La negativa ha impedido culminar la devolución prevista y ha dejado al hombre de nuevo en Ceuta. En estos momentos se encuentra fuera de un centro de internamiento y debe comparecer cada martes en la Jefatura Superior de Policía, mientras se resuelve su situación. La posibilidad que manejan las autoridades pasa ahora por su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para gestionar desde allí una eventual expulsión a su país de origen.

El episodio se produce apenas unas horas después de que Marlaska volviese a presentar a Marruecos como un «socio fiable» y asegurase que la coordinación entre ambos países es «excelente en todos los ámbitos». El ministro utilizó como argumento los más de 4.000 retornos efectuados desde agosto y aseguró que Rabat no había planteado problemas en esas operaciones.

La legislación bilateral contempla, de hecho, mecanismos para la readmisión por Marruecos de ciudadanos de terceros países. El acuerdo firmado entre Madrid y Rabat en 1992 establece que el Estado requerido deberá readmitir a aquellos nacionales de terceros países que hayan entrado ilegalmente en España procedentes de su territorio cuando pueda demostrarse esa procedencia. La nacionalidad libanesa, por tanto, no constituye por sí misma una exclusión automática en el texto del acuerdo.

Existe, sin embargo, una condición relevante: la solicitud de readmisión debe presentarse dentro de los diez días posteriores a la entrada ilegal. El libanés entró a finales de julio y fue localizado bastante después, por lo que las informaciones conocidas hasta el momento no permiten determinar qué mecanismo jurídico concreto trató de utilizar Interior para devolverlo ni si resultaba aplicable en ese momento el acuerdo de 1992.

El caso presenta, además, dos versiones enfrentadas. La defensa del ciudadano libanés niega cualquier relación con organizaciones terroristas y asegura que no existe ninguna sentencia firme que establezca esa vinculación. Su abogada sostiene que el procedimiento abierto es de naturaleza administrativa, que todavía se encuentra en fase de alegaciones y que tampoco existe constancia documental, según su versión, de una resolución firme de expulsión ni de un rechazo oficial por parte de Marruecos.

El afectado ha recurrido y permanece a expensas de las decisiones que se adopten en relación con su expediente. Su representación legal reclama que se diferencie entre las informaciones manejadas por los servicios policiales y una vinculación con el terrorismo establecida mediante resolución judicial, que asegura que no existe.

Su identificación no es el único caso que ha encendido las alarmas de los servicios de seguridad después de la invasión. A finales de agosto, la Guardia Civil localizó también durante un control a un marroquí que había entrado en Ceuta el 30 de julio pese a tener prohibida su entrada en España. Según la información conocida entonces, esa prohibición estaba relacionada con una condena anterior por un delito vinculado al adoctrinamiento terrorista.

La aparición de estos perfiles ha obligado a los servicios de Información a continuar revisando, semanas después de la entrada masiva, quiénes consiguieron acceder a territorio español en unas jornadas en las que el control fronterizo quedó completamente desbordado. En el caso del ciudadano libanés, Interior afronta ahora el problema añadido de determinar cómo ejecutar su eventual salida de España después de que Marruecos se haya negado a recibirlo.