Uno de los informes remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Santiago Pedraz incorpora una reserva de avión que los investigadores consideran especialmente relevante para explicar cómo se habría financiado parte de la logística de la presunta trama de las ‘cloacas’ vinculada al PSOE.

El documento no recoge una operación sofisticada ni un movimiento camuflado mediante empresas pantalla. Se trata de una reserva de vuelo en la que aparece Leire Díez como pasajera y el PSOE como cliente. El desplazamiento correspondía a un trayecto entre Santander y Jerez en agosto de 2024 y fue tramitado desde la dirección psoe@vbcorporate.com.

Para los agentes, esa reserva no constituye un hecho aislado. La UCO la encuadra dentro de un circuito más amplio de viajes, billetes de tren, alquileres de vehículos, autorizaciones de aparcamiento y reuniones en Ferraz que, según los indicios recabados, habrían sido gestionados desde la estructura ordinaria del partido.

La investigación, bautizada como operación Haril, analiza la presunta red atribuida a Leire Díez y su entorno. En los atestados se incluye un apartado específico sobre pagos relacionados con la logística de la actividad investigada. En él, la Guardia Civil sostiene que el PSOE habría asumido gastos de desplazamiento y otros costes operativos en favor de Díez y de otros miembros del grupo.

Uno de los elementos centrales para los investigadores son las conversaciones de WhatsApp localizadas en el iPhone 15 Pro Max de Leire Díez. El terminal fue intervenido en diciembre, cuando la investigada fue detenida en el marco de las pesquisas relacionadas con la SEPI. En ese teléfono aparecieron mensajes con Covadonga San Pedro Pascual, empleada con funciones administrativas y de secretaría en la sede federal socialista.

Según los informes, el intercambio entre ambas se prolongó durante casi ocho meses, desde el 26 de abril hasta el 24 de diciembre de 2024, y alcanzó los 353 mensajes. La UCO afirma que San Pedro no se limitaba a autorizar el acceso de Díez a los aparcamientos de Ferraz, sino que también gestionaba reservas de vuelos, trenes y vehículos. En algunas ocasiones, esas gestiones habrían beneficiado también a otros investigados, como el empresario Javier Pérez Dolset.

El desplazamiento que la Guardia Civil destaca con mayor claridad es el realizado entre Santander y Jerez del 20 al 24 de agosto de 2024. La víspera del viaje, Díez pidió a San Pedro que le organizara un vuelo a la ciudad gaditana y le fue remitiendo distintas opciones. Al día siguiente, la empleada de Ferraz le envió por WhatsApp el archivo de la reserva. En ese documento figuraban Leire Díez como pasajera y el PSOE como cliente.

Antes de viajar, Díez indicó que no necesitaba hotel porque se alojaría «donde Javier». Una vez en Cádiz, escribió a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI e investigado en la causa, que tenía mucho trabajo y varias reuniones previstas.

La UCO también recoge otros desplazamientos que, a juicio de los agentes, apuntalan la misma tesis. El 9 de agosto de 2024, Díez viajó de Bilbao a Madrid para mantener un encuentro con el excomisario José Manuel Villarejo. En ese caso, San Pedro habría gestionado tanto los vuelos de ida y vuelta como un coche de alquiler a nombre de la investigada para recogerlo en Barajas.

Otro episodio señalado por los investigadores tuvo lugar el 10 de julio de 2024, cuando Díez se desplazó a Zaragoza junto a Javier Pérez Dolset. Para la Guardia Civil, este viaje refleja la presunta utilización de recursos internos del partido para dar cobertura material a la actividad del grupo investigado.

La cobertura logística aparece, según el atestado, desde el arranque de la operación. El 26 de abril de 2024, después de una reunión en Ferraz convocada por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y señalado por los investigadores como superior político de la red, San Pedro envió a Díez un billete de avión Madrid-Bilbao para ese mismo día.

Los agentes también sostienen que Leire Díez solicitaba autorización para aparcar en Ferraz cuando acudía a encuentros con Cerdán. En ese punto aparece otra trabajadora del partido: Celia Rodríguez Alonso, empleada en el área de Organización.

El atestado 93/2026 incluye acta de información de derechos a Rodríguez Alonso como investigada no detenida. Su nombre ya había aparecido en otra causa de especial relevancia política: el caso Koldo. En aquella investigación declaró ante el Tribunal Supremo como la persona encargada de abonar en metálico determinados gastos al exasesor de José Luis Ábalos y al propio exministro de Transportes, que también fue secretario de Organización del PSOE.

Para la Guardia Civil, esa coincidencia conecta la caja de Ferraz examinada en el caso Koldo con la logística atribuida a la presunta red de Leire Díez. La documentación incorporada a la Audiencia Nacional sitúa así las reservas, desplazamientos y gestiones administrativas como una de las líneas de investigación sobre la posible financiación material de la trama.