Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en la contratación presuntamente irregular de familiares de antiguos dirigentes del PSOE en la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuyos trabajadores terminaron integrándose en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los investigadores sostienen que algunos de estos empleados accedieron a la entidad pública mediante procedimientos arbitrarios y alejados de los principios que deben regir la contratación pública.

El documento, de 231 páginas y entregado el pasado 29 de julio al juez José Ignacio Vilaplana, analiza de manera específica diez contrataciones dentro de una investigación más amplia sobre 84 trabajadores de la Faffe. Según la UCO, los mecanismos utilizados se parecían más a una «libre designación» que a procesos abiertos de selección, ya que en numerosos expedientes no consta una verdadera competición entre aspirantes ni una valoración objetiva de sus capacidades.

Los agentes han reconstruido además comunicaciones internas especialmente comprometedoras. Entre ellas figura un correo del 16 de marzo de 2011 en el que el entonces responsable de Recursos Humanos, Antonio Jiménez Cuenca, remitió a otra directiva un listado de personas vinculadas familiarmente con cargos socialistas. En esas comunicaciones aparecían, entre otros, el hijo de una antigua concejal y diputada autonómica del PSOE, una sobrina de Mercedes Rodríguez Piñero y la nuera de Carmen Mejías. Los investigadores también localizaron mensajes en los que se habría pedido borrar los correos después de conocer las instrucciones.

La Guardia Civil considera que el sistema utilizado permitió prescindir de mecanismos elementales de concurrencia. En algunos expedientes no existe documentación que acredite un proceso de selección, mientras que en otros la única prueba registrada fue una entrevista personal. Tampoco aparecen baremaciones curriculares, pruebas psicométricas o ejercicios prácticos que permitan comprobar objetivamente por qué una persona fue elegida frente a otros posibles aspirantes.

El informe señala igualmente que la Faffe habría evitado los procedimientos previstos para publicitar las vacantes. En lugar de realizar ofertas genéricas a través del Servicio Andaluz de Empleo o anunciar los puestos públicamente, habría utilizado una bolsa interna de candidatos. La UCO concluye que estas prácticas comprometieron principios como la transparencia, el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades.

Uno de los ejemplos que más llama la atención de los investigadores afecta a una sobrina de Mercedes Rodríguez Piñero, contratada en 2008 para desempeñar funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. La oferta exigía conocimientos de italiano e inglés, pese a que la UCO considera el dominio del italiano «aparentemente innecesario» para el trabajo. La candidata finalmente seleccionada había disfrutado precisamente de una beca Erasmus en Italia durante sus estudios universitarios, circunstancia que los agentes destacan al analizar si los requisitos pudieron diseñarse a medida.

Las sospechas aumentan por el momento en el que se realizaron algunas incorporaciones. Dos de los trabajadores examinados, Ramón H. R. y María Araceli G. E., fueron contratados cuando ya se había acordado la desaparición de la Faffe. Uno entró apenas cinco días después del acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de julio de 2010 y la otra aproximadamente dos meses más tarde.

Para la UCO, esas incorporaciones pudieron perseguir precisamente que los beneficiarios terminaran absorbidos por el SAE cuando se extinguiera la fundación. Ambos continúan trabajando actualmente en este organismo como personal fijo. La integración afectó en su momento a más de 1.600 trabajadores de la Faffe, lo que permitió trasladar a la Administración autonómica a quienes formaban parte de su plantilla.

Los investigadores también cuestionan el uso reiterado de contratos laborales temporales. Esta modalidad estaba prevista para situaciones excepcionales y necesidades urgentes, pero en varios casos se habría superado ampliamente el límite de doce meses. A ello se añade que la Guardia Civil no ha encontrado en determinados expedientes los informes de Hacienda y Administración Pública ni las autorizaciones presupuestarias que debían acompañar a las contrataciones.

La investigación se enmarca en las pesquisas sobre una fundación que recibió alrededor de 300 millones de euros públicos entre 2003 y 2011 para desarrollar, entre otras funciones, programas destinados a desempleados. Su antiguo director, Fernando Villén, que también fue secretario de Empleo de la Ejecutiva del PSOE andaluz, fue condenado en 2023 a seis años de prisión por utilizar tarjetas oficiales para abonar 32.556 euros en prostíbulos.

El procedimiento judicial por las contrataciones continúa ahora en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En enero de 2025 fueron investigados 21 antiguos responsables de la Faffe y de empresas proveedoras por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El nuevo atestado de la UCO aporta ahora más documentación para que el juez determine si las incorporaciones examinadas respondieron realmente a necesidades laborales o fueron utilizadas para colocar a personas vinculadas con antiguos cargos socialistas antes de que la fundación desapareciera.