Un nuevo escándalo de corrupción sacude los cimientos del PSOE andaluz. La UCO ha elaborado un nuevo atestado en el que apunta a 28 antiguos altos cargos, responsables políticos y funcionarios por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de las subvenciones destinadas a cursos de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Los investigadores consideran que las conductas detectadas podrían encajar en delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
El documento, de 35 páginas y entregado el pasado 25 de marzo al juez instructor José Ignacio Vilaplana, sostiene que existieron numerosas anomalías durante la concesión, administración, seguimiento y justificación de las ayudas gestionadas fundamentalmente por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La Guardia Civil habla de una «dinámica prolongada de concesión irregular» y considera que las deficiencias no pueden explicarse únicamente por problemas administrativos.
Uno de los principales elementos de la investigación se remonta a octubre de 2013. El entonces director general de Formación de la Junta, Carlos Cañavate, reconoció ante los investigadores que existían aproximadamente 950 millones de euros en subvenciones pendientes de justificar sin que se hubieran iniciado los correspondientes procedimientos de reintegro. El nuevo atestado sostiene que durante los gobiernos socialistas, al menos entre 2009 y 2012, continuaron concediéndose fondos incluso a beneficiarios que todavía no habían acreditado correctamente el destino de ayudas anteriores.
La UCO describe diferentes mecanismos que habrían permitido mantener ese sistema. Entre ellos aparecen certificados sobre la finalidad de las subvenciones que los investigadores consideran carentes de una comprobación suficiente y resoluciones de excepción que, pese a requerir una motivación vinculada a circunstancias de especial interés social, habrían sido utilizadas de manera generalizada. Esto habría permitido seguir entregando dinero público a entidades con cantidades anteriores pendientes de justificar.
Las deficiencias, según el atestado, también alcanzaron al control de los cursos. Los investigadores señalan que no siempre se comprobaron adecuadamente los requisitos que debían cumplir los beneficiarios, que hubo problemas en la baremación de determinados procedimientos y que las inspecciones fueron insuficientes. También detectaron carencias en los certificados de asistencia de los alumnos y en la comprobación de los gastos declarados por las entidades receptoras.
Entre las personas sobre las que la UCO sitúa posibles responsabilidades aparece Antonio Fernández García, consejero de Empleo y presidente del SAE entre 2004 y 2010 y posteriormente condenado en el caso de los ERE. El informe menciona asimismo a cuatro antiguos directores con competencias sobre formación entre 2008 y 2013: María Josefa Lara González, Manuel Brenes Rivas, Andrés Sánchez Hernández y María Teresa Florido Mancheño.
La relación se extiende a antiguos responsables provinciales del SAE en Jaén, Sevilla, Almería, Granada, Córdoba, Cádiz, Huelva y Málaga, además de once jefes de servicio y tres gestores de consorcios. Los investigadores sostienen que las irregularidades observadas difícilmente podrían haberse mantenido durante años sin una actuación coordinada dentro del organismo, aunque evitan definir expresamente lo sucedido como una «red clientelar».
La investigación afecta a una enorme cantidad de dinero público. Entre 2002 y 2012 se distribuyeron 2.896,48 millones de euros destinados a formación, mientras que la causa engloba miles de subvenciones. La Audiencia Provincial de Sevilla ordenó en 2019 continuar investigando después de que la denominada rama política hubiera sido archivada, al considerar que todavía quedaban cuestiones relevantes por esclarecer sobre las 18.023 ayudas examinadas, 6.273 de ellas correspondientes al periodo comprendido entre 2009 y 2012.
El nuevo informe policial reactiva ahora una investigación que acumula más de una década de recorrido judicial. La UCO considera que la ausencia de controles, la falta de reclamación de cantidades que no habían sido correctamente justificadas y la concesión de nuevas subvenciones sin verificar adecuadamente las anteriores pudieron provocar un menoscabo de fondos públicos. Corresponderá ahora al juzgado determinar si existen indicios suficientes para avanzar contra las personas señaladas por los investigadores.
