Las causas que rodean al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez no están en manos de un solo juez ni de un grupo reducido de magistrados. Más de una veintena de jueces de distintas instancias, edades, trayectorias y sensibilidades han investigado, instruyen, han juzgado o han revisado recursos vinculados a los principales procedimientos judiciales que afectan a Moncloa.

La variedad de órganos y perfiles judiciales debilita la tesis impulsada por el Ejecutivo y el PSOE sobre una supuesta «cacería judicial» contra el presidente del Gobierno. Los casos se reparten entre la Audiencia Nacional, los juzgados de instrucción de Madrid y Badajoz, el Tribunal Supremo y las audiencias provinciales correspondientes.

Entre los magistrados que intervienen en estas causas figuran perfiles progresistas, jueces sin vinculación ideológica conocida y tribunales colegiados cuyas decisiones han sido adoptadas por unanimidad o revisadas por instancias superiores.

Uno de los ejemplos más claros es el juez Santiago Pedraz, encargado del caso Leire. Durante años fue señalado por la derecha como un juez «progre» por sus instrucciones sobre justicia universal, la muerte del cámara José Couso o la investigación del movimiento Rodea el Congreso.

También en el Tribunal Supremo aparecen perfiles alejados de la caricatura difundida por el PSOE. Susana Polo, vinculada a Jueces y Juezas para la Democracia, y Javier Hernández, de perfil progresista, formaron parte del tribunal que condenó a José Luis Ábalos y Koldo García y libró de prisión al empresario Víctor de Aldama por su colaboración con la Justicia. La decisión fue adoptada por unanimidad.

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo y responsable de abrir la vía para que la Audiencia Nacional investigue las cuentas del PSOE, también procede de una trayectoria asociada al sector progresista. Fue miembro de Jueces y Juezas para la Democracia y su nombramiento en 2020 para la Sala de lo Penal del Supremo fue respaldado por el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial.

Otros jueces que instruyen causas sensibles para el Ejecutivo no tienen adscripciones ideológicas conocidas y son reconocidos por su perfil técnico. Es el caso de José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional que dirige el caso Plus Ultra sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuera de Madrid, la investigación sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz fue dirigida por la magistrada Beatriz Biedma desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La juez, sin perfil ideológico conocido, sufrió una campaña de desprestigio impulsada por la fontanera del PSOE, Leire Díez. El juicio quedó después en manos de un tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz compuesto por tres magistrados, mientras que los recursos han sido examinados por otros jueces de la misma Audiencia.

En Madrid, las investigaciones que afectan al Gobierno tampoco se reducen al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez y convertido por el Ejecutivo en su principal enemigo judicial. El magistrado José Luis Escribano ha abierto otro frente al investigar el rescate de Air Europa, mientras que Esperanza Collazos tuvo en sus manos el inicio de la investigación sobre Plus Ultra.

En el caso de Peinado, sus resoluciones han sido revisadas por la Audiencia Provincial de Madrid. Algunas decisiones han sido avaladas y otras matizadas. La Sección 23 deliberará a partir del 13 de julio, a puerta cerrada y en pleno, los recursos definitivos sobre el procesamiento de Begoña Gómez, una decisión clave para determinar si la mujer de Sánchez irá a juicio ante jurado. En total, intervendrán siete magistrados.

La acumulación de procedimientos judiciales contra el entorno político, familiar y orgánico del presidente no procede, por tanto, de un único instructor ni de un solo órgano jurisdiccional. Las investigaciones han pasado por distintos juzgados y tribunales, con resoluciones sometidas a revisión dentro del sistema judicial ordinario.

Ese reparto de causas entre magistrados de perfiles diversos deja en evidencia el relato del Gobierno sobre una ofensiva judicial coordinada contra Moncloa. El conflicto político de fondo ya no es sólo la magnitud de los casos que cercan al Ejecutivo, sino el intento del PSOE de desacreditar a los jueces cada vez que una resolución amenaza al poder.