Un total de 211 inmigrantes ilegales han conseguido su autorización definitiva de residencia y trabajo en España por circunstancias excepcionales derivas de su colaboración contra redes criminales organizadas. El dato lo ha ofrecido el Gobierno en una respuesta parlamentaria en la que el partido VOX demandó información sobre «el número de inmigrantes ilegales que no han sido expulsados» por acogerse a dicho artículo de la Ley 4/2000.
En concreto, esta ley contempla la posibilidad de que el extranjero que se encuentre irregularmente en España quede exento de responsabilidad administrativa y no sea expulsado si denuncia, como víctima o testigo, a los autores o cooperadores de delitos como tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o prostitución abusando de su situación de necesidad.
Asimismo, el Grupo Parlamentario VOX también ha preguntado por el número de expulsiones ejecutadas desde 2019. En este sentido, el Gobierno ha asegurado que fueron tramitadas 4.677 órdenes en 2019, una cifra que cayó a los 2.000 casos en 2020 y 2021, para repuntar hasta marcar 3.031 expulsiones en 2024. No obstante, el Gobierno precisa a VOX que son personas que se encuentran en situación administrativa irregular y que en el ordenamiento legal español «no existe la figura de persona ilegal».
