La Policía Nacional ha detenido a 33 personas, ha bloqueado más de un millón de euros y ha incautado más de 130 propiedades y vehículos en el marco de una operación desarrollada en la comarca cántabra del Besaya contra una organización criminal considerada “polidelictiva” por los investigadores.

El operativo, ejecutado el pasado miércoles, incluyó la realización de 26 registros simultáneos y movilizó a cerca de 400 agentes procedentes de distintas comunidades autónomas. En el dispositivo se emplearon, además, helicópteros, drones y maquinaria pesada para acceder a algunos de los inmuebles inspeccionados.

Según ha informado la Policía Nacional, la estructura desarticulada estaba integrada y dirigida por tres clanes familiares asentados en la comarca, cuya actividad delictiva habría generado durante años un “clima de inseguridad” entre los vecinos. Las pesquisas policiales apuntan asimismo al uso de armas de fuego por parte de algunos de los integrantes del grupo.

Los detenidos están investigados por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas, extorsiones, robos, blanqueo de capitales y maltrato animal. La investigación se inició meses atrás tras detectarse movimientos económicos y patrimoniales presuntamente incompatibles con actividades legales declaradas.

Durante los registros, los agentes intervinieron documentación financiera, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y diversos bienes patrimoniales vinculados, presuntamente, al entramado criminal. Entre los activos bloqueados figuran viviendas, fincas, vehículos de alta gama y cuentas bancarias.

Fuentes policiales han señalado que la organización mantenía una estructura jerarquizada y una distribución de funciones destinada tanto a la obtención de beneficios ilícitos como al posterior ocultamiento de los mismos mediante operaciones de blanqueo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni más detenciones en las próximas semanas.

La operación ha sido coordinada por unidades especializadas de la Policía Nacional con apoyo de efectivos de seguridad ciudadana y medios aéreos. Los investigadores consideran que el dispositivo supone uno de los mayores golpes recientes contra la criminalidad organizada en Cantabria por el volumen de recursos desplegados y el alcance patrimonial de las medidas adoptadas.