La llegada incesante de inmigrantes ilegales esta provocando una crisis tanto social como económica sin precedentes en España. La edad, la poca o nula formación y la burocracia requerida para acceder a empleos en los que puedan cotizar tras haber accedido al país de forma irregular son sólo algunos de los desafíos a los que se enfrentan.
Ante esta situación, cada vez son más los extranjeros que optan por salir adelante gracias al apoyo gubernamental —o de oenegés subvencionadas— y otro tipo de actividades. Todo ello, sin contar la inmensa cantidad de menores extranjeros no acompañados (menas) que, teniendo más o menos de 18 años, residen en centros para los que se destinan millones de euros de dinero público.
Según los últimos informes extraídos de la base de datos de la Seguridad Social, a fecha de 31 de octubre un total de 21.096.315 personas están registradas como activas y cotizan. De ellas, se especifica que 18.265.242 son españolas, por lo que la resta deja un total de 2.832.073 extranjeros cotizantes. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 6.735.487 son el número de inmigrantes que hay en estos momentos en España —y eso que los datos se actualizan de forma anual—. Es decir, que si hacemos la resta llegamos a la conclusión de que 3.903.414 personas de otros países están en el país sin trabajar (el 58%).
Pese a todo, cabe destacar que un importante número son menores de edad que no están en disposición de contribuir al país. Al hacer el calculo total por rangos de edad, descubrimos que en torno a 1.064.497 (sin tener en cuenta que muchos dicen ser menores tras haber roto su pasaporte mientras llegaban en patera) no superan la barrera de los 18 años. Es decir, que casi tres millones de inmigrantes mayores de edad siguen presentes en España sin trabajar (cerca del 50%).
