Más de 500 plataformas y asociaciones de mujeres de siete países del mundo colaboran este martes en una acción conjunta dirigida a los ministros y consejeros de Sanidad de sus respectivos países en contra de los bloqueadores de pubertad y la hormonación para menores autodiagnosticados como trans.
En España, siete asociaciones se han adherido a esta iniciativa del Front Féministe que pide que se dé marcha atrás en las leyes y protocolos trans que permiten la «autodeterminación de género».
En la carta, dirigida al ministro de Sanidad en funciones, José Manuel Miñones, y a las Consejerías de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas, se recuerda que, pese a que el artículo 149.1 del Código Penal español en vigor se prohíbe la prescripción mantenida durante cuatro o más años de supresores de la pubertad en menores, en España se sigue haciendo.
«Se está prescribiendo hormonación cruzada a menores de edad, lo que puede suponer, aparte de problemas graves de salud general, anorgasmia u orgasmos dolorosos en las chicas y problemas de impotencia en los chicos. Y se están extirpando órganos sanos, también a menores de edad, lo cual contraviene el artículo 149.2. del C.P», explican en la misiva firmada por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Amanda, Confluencia Movimiento Feminista, Feministas al Congreso, Feministes de Catalunya y Fórum de Política feminista.
Estas siete agrupaciones respaldan el movimiento promovido desde Francia que recuerda que los países que en el pasado eligieron el tratamiento afirmativo en menores—que no pone en duda la transexualidad del paciente— ya han dado marcha atrás en sus normativas tras conocer las consecuencias perjudiciales que tienen para la salud estos tratamientos.
«Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido o Dinamarca han reconocido que el uso de bloqueadores de la pubertad para tratar la disforia es experimental, que los estudios que avalan este uso son incompletos e insuficientes. Estos países han limitado ese uso a entornos de investigación y priorizan ya el acompañamiento y la ayuda psicológica como el mejor abordaje para aliviar los malestares de género de menores», detallan en un comunicado emitido de manera conjunta este lunes.
Estas organizaciones ponen en el foco del problema la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI —la conocida como ley trans—, así como a las diferentes leyes trans autonómicas, que «permiten que todas las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas se realicen sin que esas personas que no asumen su sexo biológico tengan que consultar previamente con ningún especialista en salud mental». En este punto, inciden en que esas leyes tienden a calificar toda ayuda psicológica que se ofrezca a los pacientes como «terapia de conversión».
Ante esta «alarmante situación», las organizaciones piden que el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas «tengan en cuenta los argumentos de las familias, de las asociaciones de mujeres y de todas las sociedades médicas y científicas, incluido el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), cuyos posicionamientos frente a este modo de intervención se incluyen también en la documentación entregada al ministro de Sanidad y a las consejerías autonómicas».
Por todo ello, insisten en que lo que sucede en España se trata de un «escándalo sanitario que aumenta diariamente», y urgen a los responsables a que tomen medidas «para frenar estos experimentos sobre menores y adolescentes, como ya han hecho en otros países de nuestro entorno».
La transición médica, una competencia autonómica
Todas las regiones, salvo Castilla y León y Asturias, han legislado sobre la cuestión trans. En casos como los de Galicia (2014), Extremadura (2015) y Murcia (2016), la ley se aprobó con el gobierno del PP y el apoyo del PSOE.
En comunidades como Andalucía (2014), Aragón (2018), Canarias (2021) o Castilla la Mancha (2022), fueron los gobiernos del PSOE quienes impulsaron leyes trans, las cuales también contaron con el apoyo del PP, quien además favoreció su aprobación en otros lugares con su abstención.
Como en Madrid (2016), donde el PP se abstuvo en el momento de la aprobación de la norma, pero no la ha derogado durante los años posteriores que ha estado en el poder.
«Aunque las leyes autonómicas y la estatal no regulan exactamente las mismas situaciones (el Registro civil es competencia estatal, la transición médica es competencia autonómica), en todos los casos se reconoce la autodeterminación de género, por lo que es razonable cuestionar que el rechazo de la ley nacional responde a la oportunidad política por estar en la oposición al Gobierno y no a una postura antropológica y científica fundamentada», señala el informe Transexualidad y ley trans en España de la doctora Teresa Pueyo-Toquero publicado por la Fundación Disenso.
España, uno de los únicos tres países que regula la autodeterminación de género en menores
En la Unión Europea sólo hay seis países que regulen la libre autodeterminación de género a partir de los 18 años: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Portugal. Sin embargo, sólo dos —además de España—, Países Bajos y Noruega, lo permiten a partir de los 16, según un informe elaborado por la Asociación Internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (ILGA).
Con todo, la mayoría de Estados miembros siguen pidiendo condiciones médicas previas, no así en España.
Respecto a la rapidez del proceso, España también gana. Noruega, Finlandia y Dinamarca piden esperar seis meses entre la declaración y el cambio registral y, en Suecia, el requerimiento es de un año, mientras que en España esa espera está en torno a cuatro meses.
