Más de la mitad de los presos de ETA encarcelados en España ya no cumple condena en régimen ordinario, sino que disfruta de beneficios penitenciarios que permiten adelantar o suavizar su salida de prisión, según los últimos datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
De los 125 etarras actualmente en prisión, sólo 58 —el 47%— permanecen en segundo grado sin posibilidad inmediata de flexibilización. El resto se encuentra ya en tercer grado, semilibertad o acogido al artículo 100.2, una fórmula que permite salidas controladas para trabajar o realizar actividades formativas.
En concreto, 54 presos de ETA están clasificados en tercer grado, mientras que otros 12 disfrutan del artículo 100.2, lo que en la práctica reduce de forma notable el tiempo efectivo de encarcelamiento. A este escenario se suman siete excarcelaciones concedidas a lo largo de 2025, entre ellas la del etarra Asier Carrera, condenado por el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta.
El contraste con la situación previa al traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco es contundente. En noviembre de 2019, antes de que el Ejecutivo autonómico asumiera la gestión de las cárceles, había 222 presos de ETA, de los cuales 166 estaban en primer grado, el régimen más restrictivo. Hoy no queda ninguno en esa situación.
Desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, se han concedido 110 terceros grados que afectan a 90 presos etarras, según la AVT. Sólo en 2025, el Ejecutivo autonómico ha otorgado 20 terceros grados, algunos de ellos repetidos tras haber sido revocados previamente por los tribunales.
El balance anual se completa con otras tres excarcelaciones derivadas de la reducción de condenas por el cómputo de penas cumplidas en Francia, un mecanismo que ha acelerado la salida de prisión de varios terroristas condenados por delitos de sangre.
