Desde el año 2019 y hasta el mes de mayo del año en curso, han entrado en España de forma ilegal alrededor de 1.027.000 inmigrantes, según el cruce de datos oficiales realizado por LA GACETA en base a estadísticas del Ministerio del Interior, la Oficina de Asilo y Refugio y una sentencia judicial firme.

Esta cifra refleja la magnitud acumulada del fenómeno durante los últimos siete años y muestra que la inmigración ilegal ha utilizado diferentes canales de acceso al territorio nacional, todos ellos con consecuencias directas sobre el control de fronteras, la identificación de personas y la gestión de recursos públicos.

De ese total, el 30,7% corresponde a entradas ilegales por vía marítima y terrestre. El Balance oficial del Ministerio del Interior registra un total de 315.295 inmigrantes ilegales llegados por patera, cayuco o salto de valla entre 2019 y mayo de 2026. La inmensa mayoría de estos inmigrantes accedieron sin documentación alguna, lo que dificulta enormemente su identificación, la comprobación de antecedentes penales y cualquier posible devolución a sus países de origen. Esta falta de documentación es uno de los principales problemas operativos que enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la frontera sur, según las fuentes consultadas.

A esta cifra hay que sumar la entrada masiva e ilegal de Ceuta en mayo del año 2021, cuando más de 15.000 inmigrantes ilegales cruzaron hacia territorio español en apenas dos días, según declaró probado judicialmente la Audiencia Provincial de Cádiz en una sentencia del año 2025 consultada por este medio. Esta cifra, que incluía más de 1.200 menores identificados, nunca fue incorporada de manera completa a los balances oficiales de aquel ejercicio.

Las llegadas marítimas y terrestres: presión directa sobre la frontera sur

Las entradas ilegales por mar y tierra han mantenido una presencia constante durante todo el periodo. Canarias ha concentrado una parte importante de este flujo en los últimos años, aunque también se han producido llegadas relevantes en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. En la práctica totalidad de estos casos, los inmigrantes ilegales llegan sin pasaporte ni documentación identificativa, lo que impide verificar su identidad real y evaluar posibles riesgos de seguridad. Cada patera o cayuco que alcanza la costa representa no solo una entrada ilegal, sino también un desafío de seguridad inmediato.

Según datos de Frontex en la ruta atlántica que llega a Canarias predominan los nacionales de Mali, Senegal y Guinea, que en la mayoría de los casos parten desde Marruecos, Mauritania o Gambia. En la ruta del Mediterráneo Occidental, que afecta a la Península y Baleares, los principales países de origen son Argelia y Marruecos, siendo Argelia el principal punto de salida de las embarcaciones.

Este canal genera una presión directa y visible sobre el sistema de control fronterizo y de acogida. Las llegadas se producen de forma ilegal, sin control previo, y obligan a activar de inmediato recursos de rescate, identificación y primera acogida. La ausencia de documentación complica cualquier intento de devolución y aumenta la opacidad sobre el perfil real de las personas que acceden al territorio.

La activación de asilo desde territorio: otro canal de gran volumen

Junto a las entradas marítimas y terrestres, otra parte relevante del total —el 67,8%— corresponde a nacionales iberoamericanos que accedieron inicialmente de forma legal por vía aérea, exentos de visado Schengen como visitantes de corta estancia, y que una vez en España presentaron solicitud de protección internacional. Esta modalidad ha supuesto un volumen importante de inmigrantes que, aunque entraron por cauce legal, utilizaron posteriormente el sistema de asilo para permanecer en el país de manera ilegal mientras se resolvían o no sus expedientes.

En este canal destacan de forma clara Venezuela y Colombia como principales nacionalidades. Sólo en 2023 y 2024 se registraron más de 220.000 solicitudes de asilo de nacionales de estos dos países. En 2024, Venezuela lideró con 66.229 solicitudes y Colombia con 40.152. En total, las vías aéreas han concentrado casi 700.000 entradas ilícitas en los últimos siete años.

Los datos de la Oficina de Asilo y Refugio muestran que el 98,5% de estas solicitudes se formalizan ya dentro del territorio nacional. Venezuela y Colombia lideran de forma clara este flujo, con decenas de miles de solicitudes anuales en los últimos ejercicios. Esta vía permite a miles de inmigrantes permanecer en España durante meses o incluso años mientras se tramita su expediente, aunque la tasa de reconocimiento final sea muy baja en la mayoría de casos.

Dos desafíos de seguridad fronteriza que operan de forma simultánea

Ambas realidades configuran un escenario de inmigración ilegal de gran escala que ha caracterizado los últimos siete años. Las llegadas ilegales por mar y tierra, con inmigrantes en su mayoría indocumentados, representan un desafío directo en materia de seguridad fronteriza, identificación y control efectivo. Al mismo tiempo, la presentación masiva de solicitudes de asilo desde territorio por parte de quienes accedieron inicialmente por avión añade una capa adicional de complejidad al sistema de tramitación de expedientes y de gestión de la estancia provisional de miles de personas.

No se trata de canales excluyentes ni de realidades contrapuestas. Ambos han operado de forma simultánea y han contribuido de manera significativa al total acumulado de más de un millón de entradas ilegales en menos de una década. Las llegadas marítimas generan una presión inmediata y visible en la frontera sur, mientras que la activación de asilo desde territorio representa un flujo de gran volumen que elude los controles fronterizos tradicionales y genera una permanencia prolongada en el país