El año pasado entraron en España por vía marítima y terrestre más de 37.000 inmigrantes ilegales. Esta cifra, aunque muy similar a la aportada por el Ministerio del Interior, difiere en casi 300 casos de los datos oficiales del Gobierno.
El origen de estos inmigrantes ilegales es uno de los aspectos que menos se detalla públicamente. Sin embargo, los datos pormenorizados de Frontex, recopilados también por ACNUR, muestran un perfil muy claro. Uno de cada cuatro inmigrantes ilegales no huye de ningún conflicto armado. Se trata, en su mayoría, de inmigración económica.
Argelia fue el principal país de origen, representando casi un tercio de todas las entradas ilegales por mar y tierra. Le siguieron los malienses, con alrededor del 17% del total. Senegaleses, marroquíes y guineanos completaron el ranking de las nacionalidades más frecuentes.
En la Península, por la ruta del Mediterráneo Occidental, más del 72% de las llegadas ilegales fueron magrebíes: los argelinos coparon el 54% y los marroquíes el 18,5%. En esta misma ruta destacó el notable aumento de somalíes, que pasaron de ser residuales a representar el 8,3% de las entradas ilegales peninsulares. En Canarias, por la ruta atlántica, dominaron senegaleses y malienses, que juntos sumaron casi el 60% del total, aunque el perfil general se mantuvo similar al del resto del territorio.
Según Frontex y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más del 40% de los llegados fueron directamente hombres de origen magrebí —principalmente marroquíes y argelinos— de entre 18 y 34 años. Muchos de los malienses y somalíes proceden de zonas controladas por redes yihadistas, lo que introduce un riesgo directo para la seguridad nacional.
Se trata, por tanto, de una inmigración ilegal de carácter económico que cuesta miles de millones de euros cada año a los españoles, pone en jaque la soberanía española y supone una grave amenaza para la seguridad nacional.
