El 82,7% de los españoles respalda que se retire la nacionalidad a los inmigrantes nacionalizados que cometan delitos graves, según un sondeo del Instituto DYM para 20minutos. La medida reúne un respaldo mayoritario entre los electores de todas las principales formaciones políticas, aunque registra sus mayores niveles de aceptación entre quienes votan a la derecha.

El debate enfrenta propuestas de distinto alcance. VOX plantea privar de la nacionalidad a los españoles que no lo sean de origen cuando cometan cualquier delito recogido en el Código Penal. La formación presidida por Santiago Abascal también defiende la expulsión de los extranjeros que delincan, independientemente de los vínculos familiares o sociales que mantengan en España.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo anunció hace una semana que el PP prepara una proposición de ley para elevar las exigencias de acceso a la nacionalidad. Entre los supuestos que mencionó para revocarla figuran las condenas por integración en organizaciones criminales o terroristas, así como la reincidencia en asesinatos o violaciones. El dirigente popular, que había anticipado esta iniciativa antes del verano, sostiene que adquirir la nacionalidad representa «el mayor acto de confianza» del Estado y debe implicar unas obligaciones mínimas de comportamiento.

Los resultados de la encuesta reflejan que estas posiciones encuentran un amplio eco entre los votantes del PP y de VOX. El 93,2% de los electores de Abascal apoya la retirada de la nacionalidad por delitos graves, mientras que entre quienes respaldaron a los populares en las últimas elecciones generales el porcentaje alcanza el 88%.

La aceptación también predomina en el electorado de izquierdas: el 78% de los votantes socialistas y el 68,7% de los de Sumar se muestran favorables. En sentido contrario se pronuncian aproximadamente uno de cada seis entrevistados que votaron al PSOE y uno de cada cinco que eligieron a Sumar.

El marco legal contempla otros motivos para perder la nacionalidad cuando no se es español de origen. Entre ellos figuran incorporarse a las fuerzas armadas de otro país o desempeñar allí responsabilidades políticas pese a una prohibición expresa del Gobierno. El Código Civil también recoge consecuencias para quienes hayan obtenido la nacionalidad mediante fraude.