La destitución fulminante de José Ángel González como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional ha abierto un escenario de crisis interna en la cúpula del cuerpo. El cese, adoptado con carácter inmediato tras la admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual, afecta a quien hasta esta semana ocupaba la máxima responsabilidad operativa dentro de la institución.

Según publica El Mundo, la salida de González se produce en un contexto de inquietud estructural en distintos niveles de la organización. En canales internos de comunicación entre mandos se han expresado valoraciones sobre el posible alcance institucional del caso. Grupos de WhatsApp de mandos del Cuerpo anticipan que la salida de González será el preludio de más casos. «Ahora van a airear toda la mierda», llega a decir alguno de ellos.

Algunas fuentes apuntan a la eventual aparición de nuevos testimonios relacionados con conductas presuntamente inapropiadas en escalones superiores del cuerpo. Estas manifestaciones no forman parte, por el momento, de procedimientos judiciales abiertos, aunque reflejan un clima de preocupación interna.

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha confirmado que otras tres agentes en activo han contactado con su despacho para exponer situaciones que califican como acoso por parte de miembros de la cúpula policial. El letrado analiza actualmente la viabilidad jurídica de estos relatos para determinar si reúnen la estructura necesaria para su eventual presentación ante los tribunales. De prosperar, podrían derivar en nuevas acciones judiciales vinculadas a la estructura de mando.

Según fuentes citadas por El Mundo existiría desconfianza en los mecanismos internos de denuncia, especialmente en supuestos que implican relaciones jerárquicas directas. Estas opiniones no constituyen resoluciones administrativas ni judiciales, pero evidencian un debate sobre la eficacia de los instrumentos de prevención y respuesta frente al acoso laboral o sexual.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se pronunció públicamente sobre el caso y solicitó revisar los protocolos vigentes en la Administración Pública para reforzar la protección de las denunciantes. Calificó los comportamientos atribuidos a González como «rechazables» y expresó su preocupación institucional por la persistencia de este tipo de situaciones en estructuras públicas.

González había sido ratificado en el cargo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el marco de una relación de confianza consolidada durante su trayectoria profesional. Con anterioridad, desempeñó responsabilidades en distintas jefaturas superiores, incluida la de Valladolid.