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Melgar: El conservador que imputó a Forcadell y defendió la doctrina Parot

Julián Sánchez Melgar, el magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo propuesto por el Gobierno como nuevo fiscal general del Estado, es un penalista conservador que formó parte de la Sala que admitió la querella por el ‘procés’ separatista en Cataluña.

De este modo, Melgar (Palencia, 1955) representa una línea continuista sobre el fallecido José Manuel Maza, su predecesor: respetado experto penalista, conservador, cercano al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y de talante favorable al diálogo y personalidad accesible.
Por si fuera poco, formaba parte, junto a otros cinco magistrados, de la sala que admitió a trámite la querella que el fallecido Fiscal General presentó contra la Mesa del Parlamento de Cataluña.
El magistrado, que tras una serie de recientes jubilaciones era uno de los más veteranos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, tiene en su carrera varios asuntos destacables, entre los que destaca el haber sido ponente de la «Doctrina Parot». Esa jurisprudencia hizo posible el cumplimiento íntegro de las condenas para miembros de ETA.
Además de ser ponente de la citada doctrina, que tumbó el Tribunal de Estrasburgo tras años de aplicación que mantuvieron en prisión a terroristas y peligrosos criminales, Melgar tiene otros capítulos reseñados, como su voto particular contrario a la llamada Doctrina Botín.
En aquella ocasión votó, junto a otros magistrados de orientación progresista, en contra de la mayoría y, por tanto, del fallo favorable al desaparecido banquero.

Magistrado de enlace del CNI

En su haber hay otra particularidad: la de ser el magistrado de enlace en el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas es quien ejerce prioritariamente ese trabajo, pero Melgar era su sustituto en caso de ausencia o imposibilidad en la autorización de escuchas del servicio de inteligencia y también de entradas en viviendas.
En ese puesto, el actual fiscal podría haber entendido de asuntos de Estado en los que ahora deberá intervenir como jefe del Ministerio Público.
Es licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario. Casado y con dos hijos, ingresó en la carrera judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987.
Estuvo destinado en la Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en los juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, y como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Fue presidente de la Audiencia de Ávila con menos de 40 años. Allí permaneció hasta su nombramiento para el alto tribunal por un Consejo General del Poder Judicial del que formaba parte el vocal a propuesta del PP Enrique Arnaldo, quien fue su valedor -según fuentes que también estaban en la institución en aquel momento-. Arnaldo es hoy presidente del Tribunal Administrativo del Deporte.

Las asociaciones de fiscales lo respaldan

Los máximos representantes de las tres asociaciones de fiscales de España han destacado el prestigio jurídico de Melgar.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha comentado que es un jurista «de competencia sobrada y gran capacidad de comprensión y diálogo».
Dexeus ha añadido que siempre alguien que hubiera procedido de la carrera fiscal «conocería más el funcionamiento de la Fiscalía», pero ha estimado que «hay que darle un plazo de cortesía» y ha recordado que ha habido antes más magistrados nombrados fiscales generales «que han sido muy competentes».
Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, ha señalado que habría preferido que se tratara de alguien procedente de la carrera fiscal ya que conocería mejor todo lo relativo a la organización de la Fiscalía, aunque ha aclarado que Julián Sánchez Melgar es un «eminente jurista».
De todas formas, ha dicho que lo importante es la línea que va a seguir en los grandes problemas y retos de la Fiscalía, como su autonomía, la reforma procesal, la atribución de la instrucción a los fiscales y la justicia digital.
El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés, ha destacado que Julián Sánchez Melgar es un «magnífico profesional y un jurista de reconocido prestigio» y estima indiferente que no proceda de la carrera fiscal para asumir la función que se le va a encomendar pues no es partidario de caer en «gremialismos».
En todo caso, Miguel Pallarés considera necesaria una reforma en el sistema de nombramiento del fiscal general que requiera una mayoría parlamentaria, con lo que a su juicio se evitaría que se le vea como el fiscal del Gobierno y habría deseado que se hubiera alcanzado el máximo consenso posible de todos los grupos políticos.
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