El Centro de Primera Acogida de Hortaleza, destinado a menores extranjeros no acompañados (menas), es hoy un símbolo de caos y peligro en Madrid. La reciente agresión sexual perpetrada por Rifai, un interno con un extenso historial delictivo, a una menor de 14 años en el parque Isabel Clara Eugenia, no sólo ha conmocionado al barrio, sino que ha destapado una realidad que, según la Policía Nacional, era previsible y evitable. Desde LA GACETA, ofrecemos un relato basado en testimonios exclusivos de agentes que, desde la primera línea, describen un centro desbordado donde la impunidad, la mala gestión y la falta de control convierten a Hortaleza en un polvorín.
Un historial delictivo que alertaba del peligro
Rifai no es un desconocido para las fuerzas de seguridad. «Lo hemos detenido por un montón de cosas, es un ‘elemento’ muy peligroso», confiesa un agente de la Policía Nacional con años de experiencia en Hortaleza. Su historial incluye robos con violencia, agresiones y otros delitos graves, pero, a pesar de las múltiples detenciones, «cada vez que lo llevamos al GRUME (Grupo de Menores), a la mañana siguiente la fiscal de Menores lo pone en libertad». Esta impunidad, según el agente, permitió que Rifai, conocido como el «sucesor» de otro delincuente reincidente del barrio con 95 detenciones a los 21 años, continuara actuando hasta cometer el brutal ataque que ha sacudido a la comunidad.
El agente no oculta su frustración: «Es ‘increíble’ cómo jueces y fiscales, con sus familias seguras en barrios como El Pilar, Chamberí o Salamanca, parecen desconectados de la realidad de los barrios normales. Dentro de sus atribuciones podrían decretar prisión provisional, porque esta gente cumple los requisitos de peligrosidad”. La agresión de Rifai, asegura, “era algo que se veía venir, y podría haberse evitado con medidas más firmes”.
Un centro fuera de control
El Centro de Hortaleza, diseñado para 35 menores, alberga actualmente a más de 100, según fuentes policiales. Esta saturación ha generado un entorno de tensión constante, con motines frecuentes y enfrentamientos entre internos, principalmente de origen magrebí y subsahariano. «He tenido que ir muchísimas veces al centro. Nos hemos visto en ‘batallas campales’, hacen motines y hay que entrar con todo», relata el agente. La falta de supervisión y la permisividad han convertido el centro en un «almacén de delincuentes peligrosos» donde los menores no reciben formación en valores cívicos ni humanos.
Los incidentes son constantes: desde robos de teléfonos geolocalizados dentro del centro hasta la presencia de armas improvisadas. «Les han pillado infinidad de veces navajas, cuchillos de todo tipo, incluso adoquines para atacar a vigilantes o a la prensa», explica el agente. En un caso reciente, los vigilantes alertaron a la Policía de que los menores acumulaban piedras para agredir a periodistas, pero, sorprendentemente, algunos medios optaron por culpar a la «extrema derecha» en lugar de señalar la realidad del centro.
Una dirección que agrava el problema
La gestión del centro es otro punto de inflexión. La nueva directora, según el agente, «odia a la seguridad del centro y a la Policía». Esta actitud ha generado un enfrentamiento directo con los vigilantes, que están «quemados» y amenazados con no recibir pluses por trabajar en condiciones de alto riesgo. «Nos obligan a hacer de ‘niñeras’ cuando somos policías, mientras los menores se escapan por la puerta abierta o saltando los muros sin que nadie del centro lo impida, a pesar de tener su tutela», denuncia el agente.
La situación llegó a tal punto que los mandos policiales contactaron con la Dirección General de la Policía para desmentir las afirmaciones de la directora, quien aseguraba que los menores no podían salir del centro. «Es una ‘perversión moral’ que esta gente dirija centros públicos de protección de menores», sentencia el agente, quien describe un ambiente de hostilidad hacia las fuerzas de seguridad.
Educadores desbordados y pruebas de edad cuestionadas
El personal del centro, en su mayoría, no está preparado para manejar la situación. «Son una ‘banda’ que, cuando pillamos a los menores robando o causando problemas, se limitan a ‘acariciarles la cabecita'», critica el agente. En un incidente reciente, un menor tutelado necesitó una ambulancia, pero los educadores se negaron a acudir de inmediato, alegando estar ocupados con una «escena». «Tuve que recordarles que soy la Policía y que no toleraría que me hablaran así», añade, reflejando la tensión entre las partes.
Otro problema grave es la determinación de la edad de los internos. «El antiguo director nos decía que había tíos con 30 años que se afeitaban la cabeza para ocultar las canas. Las pruebas óseas de la muñeca son ‘absolutamente ridículas’. Luego, el propio menor te dice en la cara que tiene 20 y tantos años», explica el agente. Esta laxitud permite que adultos se mezclen con menores, agravando el caos.
Un barrio atemorizado
Los vecinos de Hortaleza viven con miedo. Los robos con violencia son una constante, y muchos ciudadanos, desanimados, optan por no denunciar. «Te dicen que no sirve para nada, que ya han denunciado antes y no pasa nada. Eso crea un caldo de cultivo muy peligroso, porque cuando el sistema no te protege, la gente siente que tiene derecho a defenderse como pueda», advierte el agente. La percepción de inseguridad se agrava con incidentes como el robo de móviles geolocalizados en el centro o las agresiones en las calles aledañas.
Una tragedia evitable
La agresión sexual de Rifai no es un caso aislado, sino el resultado de un sistema que ha fallado en todos sus niveles: desde la saturación del centro hasta la falta de consecuencias judiciales, pasando por una dirección que, según los agentes, prioriza posturas ideológicas sobre la seguridad. «Podría contarte intervenciones sin parar», concluye el agente, cuya voz refleja el agotamiento de quienes enfrentan a diario un problema que las autoridades parecen ignorar.
Hortaleza clama por soluciones. Mientras los responsables políticos miran hacia otro lado y las ONG gestionan contratos millonarios, los vecinos y la Policía pagan el precio de un centro que, lejos de ser un refugio, se ha convertido en una amenaza para el barrio. La tragedia de Rifai era evitable, pero para evitar la próxima se necesita voluntad, firmeza y un cambio radical en la gestión del Centro de Hortaleza.
