La Policía Nacional ha detectado en la Región de Murcia un patrón emergente de entrada legal de menores extranjeros que, tras un periodo inicial acompañado por sus familias, quedan en situación de aparente desamparo con el objetivo de que la Administración autonómica asuma su tutela. Este fenómeno, conocido en ámbitos policiales como ‘menas-Erasmus‘, ha sido identificado en aproximadamente una treintena de casos desde el año 2023, según publica el diario La Opinión de Murcia.
Las investigaciones están siendo dirigidas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental, que ha constatado que las familias implicadas acceden al territorio español con visados regulares, simulando estancias turísticas. Posteriormente, los progenitores abandonan el país sin los menores, quienes permanecen bajo la supervisión temporal de allegados hasta que acuden a dependencias policiales declarando encontrarse solos.
El procedimiento administrativo se activa una vez el menor manifiesta su situación. Los agentes elaboran un informe que permite su ingreso en un centro de protección dependiente de la Comunidad Autónoma, donde recibe alojamiento, manutención y atención educativa y psicológica. Estos centros, que no tienen carácter penitenciario, facilitan la integración social y el aprendizaje del idioma, así como el acceso a los recursos formativos correspondientes a su edad.
Las investigaciones apuntan a que los menores, generalmente adolescentes de entre 16 y 17 años, proceden en su mayoría del norte de África y pertenecen a familias con recursos suficientes para costear el desplazamiento. El objetivo de los progenitores sería garantizar a sus hijos mejores oportunidades educativas y vitales en España, aun a costa de emplear mecanismos que podrían constituir fraude al sistema de protección.
Las fuerzas de seguridad han logrado identificar y detener en varios casos a las personas que actúan como enlaces en territorio español. A estos individuos se les atribuyen delitos como abandono de menor, favorecimiento de la inmigración ilegal y estafa. En uno de los episodios más recientes, tres personas fueron investigadas tras comprobarse que habían instruido al menor sobre cómo declarar su situación ante la policía.
Las autoridades autonómicas han manifestado su intención de personarse en los procedimientos judiciales como parte perjudicada, al considerar que estos comportamientos podrían suponer un uso indebido de recursos públicos. Asimismo, han solicitado al Gobierno central un refuerzo de los controles y mecanismos de coordinación interadministrativa, así como medidas que faciliten el retorno de los menores a sus familias cuando no exista una situación real de vulnerabilidad.