El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo de la Administración General del Estado adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, está en el centro de una investigación judicial por una presunta trama de malversación de caudales públicos, encubrimiento, desobediencia y tráfico de influencias.
Según informaciones publicadas por The Objective y otros medios, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha detectado la existencia de indicios delictivos contra ocho cargos y altos cargos vinculados a Turespaña. La causa se centra en el cobro sistemático e indebido de dietas de manutención en viajes oficiales de las Consejerías de Turismo en el exterior, a pesar de que las comidas y cenas correspondientes ya estaban cubiertas y pagadas por los programas de las actividades oficiales.
La denuncia parte del propio consejero de Turismo en Oslo, que alertó internamente de estas prácticas. Según el relato recogido en la querella, no se trataría de hechos aislados, sino de un mecanismo reiterado que podría haberse extendido a otras sedes, como las de Nueva York y Milán. Altos cargos del Ministerio de Industria y Turismo y del propio Instituto habrían tenido conocimiento de la situación y no habrían tomado medidas para detener los pagos, que se realizaban con cargo a fondos públicos destinados a la promoción de la Marca España.
Un juzgado de instrucción de Madrid ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite la querella. La Fiscalía ha otorgado veracidad a los indicios presentados y señala que los hechos responden a una práctica coordinada en distintos niveles de la administración, no a actuaciones locales. Actualmente se discute la competencia del tribunal: si el caso permanece en los juzgados ordinarios o debe ser asumido por la Audiencia Nacional, dado el carácter exterior de los hechos y la naturaleza del organismo implicado.
Turespaña, cuya presidencia corresponde a la Secretaría de Estado de Turismo, gestiona una red de 33 Consejerías de Turismo en el exterior, integradas en las misiones diplomáticas españolas. Sus responsables perciben retribuciones que oscilan entre los 140.000 y más de 300.000 euros anuales, en su mayor parte exentas de tributación. El organismo, financiado con fondos públicos, está sujeto al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.
Por el momento, Turespaña no ha emitido una valoración oficial sobre la investigación. El procedimiento se encuentra en fase de diligencias previas, por lo que los indicios detectados por la Fiscalía aún no equivalen a una acusación formal ni a una sentencia.
